El Grupo Parlamentario Socialista ha lanzado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de combatir la práctica conocida como «reduflación». Este término, derivado del anglosajón «shrinkflation», se refiere a la tendencia de las empresas a disminuir la cantidad de producto en sus envases mientras mantienen igual el tamaño del empaque y el precio final. Esta estrategia afecta negativamente a los consumidores, quienes terminan pagando más por menos cantidad, lo que se traduce en una experiencia de compra insatisfactoria y una disminución del valor percibido.
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La propuesta de los socialistas contempla la inclusión de un nuevo requisito en el artículo 20 de la ley existente, obligando a las marcas a notificar a los consumidores cuando haya una reducción en la cantidad de un producto preenvasado, aunque el diseño y tamaño del envase permanezcan igual. Este esfuerzo busca garantizar que los consumidores estén realmente informados sobre lo que están comprando, permitiéndoles tomar decisiones más conscientes y alineadas con sus intereses. Actualmente, la ley no abarca estas situaciones, dejando a los consumidores en una desventaja al no poder detectar variaciones en la cantidad sin una revisión detallada.
Además, el texto de la propuesta sugiere que, cuando un producto mantenga su cantidad nominal constante pero haya sufrido una reducción en su contenido, se deba proporcionar información clara y comprensible a los consumidores. Esta obligación incluiría destacar en el punto de venta cualquier reducción en la cantidad y su repercusión en el precio por unidad. La medida busca que esta información sea visible durante al menos 90 días desde la primera vez que se comercialice el producto con las nuevas características, lo que facilitaría a los consumidores la evaluación del impacto en su gasto.
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La propuesta surge a raíz de un estudio reciente que destaca que el 54% de los consumidores en España ha notado una disminución en el tamaño de los productos que adquieren, un fenómeno que afecta especialmente a artículos como snacks, pan y comida preparada. La iniciativa se acompaña de referencias a normativas similares instauradas en países europeos como Francia y Alemania, que han implementado medidas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales desleales. Estas normativas exigen la clara comunicación sobre cualquier cambio en el volumen o peso de los productos que conllevan aumentos de precios, lo que pone de manifiesto un movimiento hacia una mayor transparencia en el mercado.
