La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España ha iniciado una investigación contra Apple por presuntas prácticas anticompetitivas que podrían afectar a los desarrolladores que utilizan la App Store para distribuir sus aplicaciones. Según el regulador, la investigación se abrió de oficio debido a la creciente relevancia de la actividad económica en las tiendas de aplicaciones en el país. Las posibles irregularidades incluyen la imposición de condiciones comerciales desiguales, lo que podría constituir un abuso de posición dominante según lo estipulado en la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si se confirman estas conductas, podrían considerarse infracciones graves que acarrearían multas de hasta el 10% del volumen de negocio mundial de Apple. Para dar contexto a estas posibles sanciones, se menciona que en su último ejercicio fiscal la compañía generó unos 383.285 millones de dólares, lo que implicaría que un 10% de su volumen de negocio total podría representar alrededor de 35.400 millones de euros.
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El inicio del expediente no implica un juicio previo sobre el resultado final de la investigación, ya que la CNMC tiene un plazo de hasta 24 meses para concluir la instrucción y emitir una resolución. A pesar de las acusaciones, Apple ha manifestado su intención de colaborar con la CNMC y ha defendido que su App Store ha proporcionado un mercado seguro y equitativo para desarrolladores de diversas dimensiones, enfatizando que las aplicaciones son sometidas a rigurosas normas de revisión para proteger a los usuarios. En la misma línea, Apple sostiene que ha brindado oportunidades de negocio significativas para los desarrolladores de aplicaciones en España y a nivel global.
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Al margen de la investigación en España, la Comisión Europea también está indagando las prácticas de Apple en relación con su App Store. A finales de junio, la CE publicó un informe preliminar que indicaba posibles incumplimientos por parte de la empresa debido a nuevos requisitos contractuales que podrían contradecir las obligaciones de la compañía bajo el Reglamento de Mercados Digitales. Una de las controversias citadas incluye la nueva «tasa de tecnología básica» que Apple ha introducido para los desarrolladores de aplicaciones. La CE ha abierto un periodo para que Apple responda a estas acusaciones y tiene hasta el 25 de marzo de 2025 para tomar una decisión. En caso de que la Comisión confirme las acusaciones, podría imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocio mundial de Apple en la primera infracción y de hasta el 20% en caso de reincidencia, lo que subraya la gravedad de la situación para la compañía.