La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España y a otros 15 países de la Unión Europea para que transpongan a sus legislaciones nacionales la Directiva 2022/362, que modifica la normativa sobre peajes y viñetas para el uso de las infraestructuras viarias. El plazo para hacerlo venció el pasado 25 de marzo, y la Comisión considera que el retraso es injustificable.
La nueva directiva introduce un sistema de pago basado en las emisiones de CO2 para los vehículos pesados, con el objetivo de descarbonizar el transporte de mercancías por carretera y fomentar el uso de vehículos más sostenibles.
España, junto a Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia, son los países que aún no han notificado la transposición completa de la directiva.
La Comisión Europea ha enviado cartas a estos países instándoles a que tomen medidas urgentes para cumplir con sus obligaciones. Si no lo hacen en un plazo de dos meses, la Comisión podría iniciar un procedimiento de sanción.
La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España
La Comisión Europea puede imponer multas de hasta el 2,5% del PIB diario del país infractor. Demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: La Comisión también puede demandar a los países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que cumplan con la normativa.
La Comisión Europea considera que la aplicación de la Directiva 2022/362 es crucial para alcanzar los objetivos climáticos de la UE. Se estima que la medida podría reducir las emisiones de CO2 del transporte de mercancías por carretera en un 11% para 2030.
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Se espera que la presión de la Comisión Europea obligue a los países afectados a acelerar la transposición de la directiva. La aplicación de la nueva normativa tendrá un impacto significativo en el sector del transporte de mercancías por carretera, y las empresas deberán adaptarse a las nuevas reglas para evitar sanciones.
Además de las sanciones, el retraso en la aplicación de la directiva podría tener otras consecuencias negativas para los países afectados, como la pérdida de fondos de la UE.
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En definitiva, la Comisión Europea está decidida a que la Directiva 2022/362 se aplique en toda la Unión Europea lo antes posible. La descarbonización del transporte de mercancías por carretera es un objetivo crucial para la lucha contra el cambio climático, y la nueva directiva es una herramienta esencial para alcanzarlo.
