La Comisión Europea ha dado un paso significativo hacia la simplificación de las obligaciones de reporte para las empresas, introduciendo el borrador del Paquete Omnibus bautizado como la «Brújula de la Competitividad». Este conjunto de medidas busca coordinar y simplificar las responsabilidades en términos de sostenibilidad que afrontan las empresas, lo que resultará en una mayor competitividad para las compañías europeas. La propuesta oficial será publicada en febrero de este año y, tras su aprobación por el Consejo de la UE y el Parlamento, se iniciará su implementación. De acuerdo con fuentes de la Comisión, estas decisiones son resultado de la necesidad de ajustar la agenda sostenible y aliviar la carga regulatoria sobre las empresas.
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Dentro de los cambios propuestos, se destaca una reducción significativa de las obligaciones de reporting: un 25% para las empresas más grandes y un 35% para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Aunque el borrador no detalla cómo se implementará esta simplificación, se señala que debe basarse en un entendimiento práctico de la cadena de valor, fomentando una cultura de confianza e incentivos en lugar de un control exhaustivo. Esto responde a las preocupaciones de que las pequeñas empresas y sus cadenas de suministro enfrentan una carga administrativa excesiva, una situación que no se contempló adecuadamente en legislaciones anteriores.
Otra de las medidas importantes incluye la introducción de una nueva categoría empresarial, las «mid caps», que englobará a más de 31,000 empresas en Europa que se encuentran entre las grandes empresas y las pymes. Estas compañías se beneficiarán de un marco normativo más simplificado, similar al que ya se aplica a las grandes empresas, que desde el inicio de este año deben reportar su impacto ambiental bajo la Directiva de Sostenibilidad Corporativa (Csrd). La creación de esta categoría responde a la necesidad de desgastar menos a las pymes, permitiéndoles operar con mayor agilidad en un contexto regulatorio cada vez más complejo.
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Asimismo, la Comisión planea revisar la regulación REACH, que se ocupa del uso de productos químicos en el sector textil, con el objetivo de acelerar la decisión sobre materiales peligrosos. Además, se establecerá una herramienta de coordinación que permitirá a los Estados miembros colaborar en la implementación de políticas clave para la competitividad, como las referentes al sector energético y tecnológico. Esta nueva estrategia busca corregir la falta de coordinación actual, donde cada país aplica sus propias políticas industriales sin considerar el impacto en el entorno europeo, lo que a menudo puede ser contraproducente. Según la Comisión, aunque algunas medidas se implementarán de forma inmediata, se requerirá una agenda a medio plazo para visualizar cambios más profundos en la competitividad europea.
