Veterinarios advierten sobre el impacto de nueva ley de medicamentos
La reciente implementación del Real Decreto 666/2023 por parte del Gobierno español ha provocado una ola de indignación entre los profesionales de la medicina veterinaria. Este reglamento, destinado a regular el uso de medicamentos en animales, ha sido duramente criticado por la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), que reclama su derogación inmediata por considerar que pone en riesgo tanto la salud de los animales como la estabilidad de la profesión veterinaria.
La normativa ha sido presentada por el Ministerio de Agricultura como una herramienta clave para combatir la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, los veterinarios insisten en que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo están basados en interpretaciones erróneas, incompletas e incluso distorsionadas de la realidad. Lejos de resolver un problema, sostienen que la medida crea nuevos desafíos, tanto técnicos como éticos, para los profesionales encargados del bienestar animal.
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Desde el Ministerio de Agricultura se afirma que los veterinarios disponen de un “amplio margen de elección” a la hora de recetar tratamientos. También se argumenta que existe una variedad suficiente de medicamentos disponibles para atender las necesidades clínicas de los animales. Pero según CEVE, esta visión no se corresponde con lo que ocurre en la práctica.
“Una cosa es el catálogo de medicamentos registrados y otra muy distinta es lo que realmente está disponible en las clínicas veterinarias”, explica el presidente de CEVE, Sebastià Rotger. Según él, los medicamentos que oficialmente están aprobados no siempre están accesibles en el mercado, lo que limita significativamente las opciones de tratamiento.
Además, la norma obliga a los veterinarios a seguir un esquema de tratamiento en cascada. Esto implica que deben iniciar la atención médica con fármacos considerados de menor riesgo y sólo recurrir a opciones más efectivas —pero también más potentes— si las primeras no funcionan, siempre respaldados por evidencia clínica concreta. Este proceso no solo puede alargar innecesariamente la recuperación del animal, sino que también encarece los tratamientos, generando un perjuicio para los dueños de mascotas y una frustración creciente en el sector.
El argumento de la resistencia antimicrobiana, en entredicho
Uno de los principales fundamentos utilizados por el Gobierno para justificar la nueva legislación es la necesidad de combatir la resistencia a los antimicrobianos, un problema de salud pública que ha sido objeto de preocupación internacional. Sin embargo, los veterinarios critican que los datos utilizados para sustentar esta política están centrados en animales de producción, como cerdos y vacas, y no reflejan la situación real de las mascotas.
Según el informe más reciente de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), sólo el 2% de los antibióticos utilizados en 2023 fueron destinados a animales de compañía. Es decir, los perros, gatos y otras mascotas tienen un papel muy marginal en el fenómeno de la resistencia microbiana, lo cual pone en duda la idoneidad de aplicar medidas tan restrictivas también en este ámbito.
Rotger recuerda además que el sector veterinario ha hecho esfuerzos significativos para reducir el uso de antimicrobianos desde hace más de una década. “Desde 2013 venimos aplicando estrategias para racionalizar el uso de antibióticos, y hemos logrado reducirlo en un 60%. No ha sido gracias al Real Decreto, sino al compromiso del propio sector con la salud pública”, afirma.
Consecuencias clínicas y emocionales para los veterinarios
Más allá del debate técnico y político, la CEVE subraya que la aplicación del Real Decreto está teniendo consecuencias negativas en múltiples niveles. Por un lado, impide a los profesionales aplicar su criterio clínico con libertad, lo que puede derivar en tratamientos menos eficaces y en situaciones que comprometen el bienestar animal. “Los veterinarios, con su experiencia y conocimiento científico, antes podían adaptar tratamientos según el caso. Ahora esa capacidad está anulada”, denuncia Rotger.
Por otro lado, esta situación también está generando un impacto emocional en los profesionales. Un reciente estudio elaborado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la farmacéutica Boehringer Ingelheim destaca el aumento del estrés y de los trastornos psicológicos entre los veterinarios españoles. La imposibilidad de ejercer su labor de forma plena, el aumento de las complicaciones clínicas y la presión de los propietarios de mascotas están deteriorando el ambiente laboral en las clínicas veterinarias.
Ante este escenario, la Confederación Empresarial Veterinaria Española ha lanzado un llamado urgente al Ministerio de Agricultura para que derogue el Real Decreto 666/2023. “La única solución pasa por una decisión política valiente que revierta el daño ya causado y evite consecuencias mayores”, afirma Rotger. A su juicio, es imprescindible que el ministro Luis Planas intervenga directamente y escuche al colectivo veterinario, en lugar de delegar el diálogo en niveles técnicos que “no están entendiendo la dimensión del problema”.
Aunque recientemente se ha anunciado una posible reunión entre la secretaria general de Recursos Agrarios, Ana Rodríguez, y representantes de los colegios veterinarios y farmacéuticos, desde CEVE consideran que el contacto con las altas autoridades es imprescindible para desatascar el conflicto. “Cuanto más se demore la respuesta, más se deteriora la relación entre el sector y el Gobierno, y más se agravan los efectos sobre la salud animal”, concluye la organización.
La controversia en torno al Real Decreto 666/2023 no solo pone en cuestión una regulación concreta. También reabre el debate sobre el lugar que ocupan los veterinarios dentro del sistema de salud en España. Aunque su labor es esencial para garantizar el bienestar de millones de animales y prevenir posibles brotes zoonóticos, muchas veces se sienten relegados en la toma de decisiones que les afectan directamente.
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Además, el caso refleja una creciente desconexión entre la normativa europea y su aplicación nacional. Según CEVE, el espíritu de la legislación comunitaria permite cierta flexibilidad y reconoce el criterio profesional del veterinario, algo que, en su opinión, ha sido completamente ignorado en la versión española del reglamento.
Por ahora, la tensión sigue en aumento, mientras el colectivo veterinario se organiza para hacer valer su voz. Las clínicas, los profesionales y las asociaciones de todo el país están uniendo fuerzas para presionar al Gobierno a revisar una ley que, lejos de solucionar problemas, parece estar generando una crisis sanitaria, profesional y emocional de gran magnitud.
