Desregulación agroalimentaria en Argentina: Cambios en inscripción de alimentos animales
El gobierno de Javier Milei ha iniciado una serie de reformas destinadas a desregular diversos sectores de la economía argentina, y el ámbito agroalimentario no ha quedado fuera de su agenda. Una de las modificaciones más recientes, implementada mediante la Resolución 1415/2024 publicada en el Boletín Oficial, establece un nuevo sistema de inscripción para alimentos para animales. Ahora, estos productos solo requerirán una declaración jurada para ser comercializados, marcando un cambio sustancial en el proceso regulatorio.
La medida busca simplificar trámites administrativos, facilitar la comercialización y reducir costos operativos para las empresas del sector, aunque no está exenta de controversias. Mientras que el sector agropecuario ve con buenos ojos estas reformas, organizaciones de consumidores advierten sobre los posibles riesgos para la salud animal y pública si no se garantizan controles adecuados.
Los principales cambios en el proceso regulatorio
La implementación de este nuevo marco normativo incluye una serie de medidas que alteran significativamente el procedimiento previo. Entre las principales modificaciones se encuentran:
1. Certificado Único de Comercialización (CUC) con vigencia indefinida
Antes de la reforma, el Certificado Único de Comercialización debía renovarse periódicamente, lo que implicaba tiempo y recursos adicionales para los productores. Con la nueva normativa, este documento tendrá validez indefinida, agilizando los trámites y reduciendo la carga administrativa.
2. Eliminación de registros específicos
Se suprime el Registro de Firmas y el Registro de Directores Técnicos, aunque se mantiene la obligación de contar con un Director Técnico que supervise la elaboración y comercialización de los productos.
3. Clasificación de productos por impacto sanitario
La normativa introduce tres categorías de inscripción basadas en el impacto sanitario de los productos:
Registro Automático de Productos de Bajo Impacto Sanitario: Para productos considerados seguros, cuyo registro se procesa automáticamente.
Registro Simplificado de Productos de Impacto Sanitario Medio: Con un proceso intermedio de evaluación.
Registro de Productos de Alto Impacto Sanitario: Requiere un análisis más riguroso para garantizar su inocuidad.
Esta clasificación permite adaptar los requisitos a las características específicas de cada producto, evitando procedimientos innecesariamente complejos para aquellos de bajo riesgo.
La reforma también contempla el fortalecimiento de los controles en las plantas elaboradoras y fraccionadoras de alimentos para animales, con el objetivo de mejorar las condiciones de inocuidad. Según el texto de la Resolución 1415/2024, estas medidas buscan garantizar que tanto los productos nacionales como los importados cumplan con los mismos estándares de calidad.
Las tareas de autorización y registro se delegan a dos oficinas clave del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa):
COFIAL: Responsable de otorgar las autorizaciones para la producción.
CAPA: Encargada de emitir los Certificados Únicos de Comercialización necesarios para la venta.
El sistema se complementa con la obligación de que los alimentos provenientes de países bajo vigilancia sanitaria presenten una declaración jurada para su inscripción, garantizando un proceso ágil pero con criterios básicos de supervisión.
Desde el punto de vista del sector agropecuario, esta reforma representa un avance hacia una regulación más moderna y eficiente. Algunos de los beneficios señalados por los productores incluyen:
Reducción de costos operativos: La simplificación de trámites administrativos disminuye el tiempo y los recursos necesarios para la inscripción de productos.
Agilización de la comercialización: Al eliminar barreras burocráticas, los alimentos para animales pueden llegar más rápidamente al mercado.
Fomento de la competitividad: La eliminación de procedimientos redundantes nivela el campo de juego para los productores nacionales e internacionales.
A pesar de los avances prometidos por esta reforma, organizaciones de consumidores y expertos en salud pública han expresado su preocupación sobre los posibles riesgos asociados a una regulación más laxa. Las principales críticas giran en torno a:
1. Seguridad sanitaria
Con el sistema de declaraciones juradas, existe el riesgo de que algunos productos no cumplan con los estándares mínimos de calidad e inocuidad, lo que podría afectar tanto a los animales como a los consumidores humanos que dependen de la producción agroalimentaria.
2. Supervisión insuficiente
La eliminación de registros específicos podría dificultar la trazabilidad y el control de los productos, limitando la capacidad del Senasa para intervenir en caso de irregularidades.
3. Impacto en la salud pública
La seguridad de los alimentos para animales tiene una relación directa con la salud pública, ya que cualquier problema en la cadena de suministro puede derivar en enfermedades zoonóticas o afectaciones indirectas al consumo humano.
En este contexto, las organizaciones han instado al gobierno a garantizar un sistema de monitoreo efectivo que compense las flexibilizaciones administrativas.
La desregulación propuesta por el gobierno de Javier Milei es un reflejo de su enfoque liberal hacia la gestión económica, priorizando la eliminación de barreras burocráticas para fomentar la competitividad y el crecimiento. Sin embargo, esta visión también plantea desafíos en términos de equilibrio entre eficiencia y responsabilidad.
Si bien las reformas introducidas prometen beneficios tangibles para los productores y el mercado en general, el éxito de estas medidas dependerá de la capacidad del Estado para garantizar estándares de calidad y seguridad sin recurrir a procesos regulatorios excesivamente complejos.
La desregulación agroalimentaria en Argentina, particularmente en el sector de alimentos para animales, marca un hito en la agenda de reformas de Javier Milei. Al simplificar el proceso de inscripción y reducir las cargas administrativas, estas medidas ofrecen oportunidades significativas para los productores y exportadores, fomentando un mercado más ágil y competitivo.
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Sin embargo, también resaltan la necesidad de fortalecer los sistemas de control y supervisión para garantizar que los beneficios de esta reforma no se vean opacados por riesgos asociados a una menor regulación.
El éxito de esta iniciativa dependerá en última instancia de encontrar un punto de equilibrio entre la eficiencia operativa y la responsabilidad en la protección de la salud animal y pública.
