Debate sobre el cobro adicional por mascotas en contratos de alquiler en Córdoba
En la ciudad de Córdoba, Argentina, un caso reciente ha generado una fuerte controversia en el mercado inmobiliario. Un propietario de un departamento exigía en el contrato de alquiler un pago adicional de $50.000 por mascota. La situación salió a la luz luego de que un inquilino potencial compartiera su experiencia en redes sociales, desatando un acalorado debate sobre la regulación de alquileres y los derechos de los inquilinos con animales de compañía.
La polémica en redes y la reacción del sector inmobiliario
El intercambio de mensajes entre el inquilino y el propietario evidenció la postura del dueño, quien justificaba el cobro extra como una forma de proteger su propiedad. Sin embargo, el interesado en alquilar el inmueble rechazó la condición, lo que dio lugar a un extenso debate en plataformas digitales.
Vea también: Innovación chilena: Nuevas alternativas alimentarias con impacto en la agricultura
Distintos referentes del sector inmobiliario expresaron su opinión sobre el caso. Virginia Manzotti, presidenta del Consejo Federal de Colegios Real Estate, explicó que la legislación vigente no impide la tenencia de mascotas en propiedades en alquiler, a menos que el reglamento de copropiedad especifique lo contrario. En tal caso, la única excepción sería si el inquilino presentara un certificado médico que respalde la necesidad de la mascota como parte de un tratamiento de salud mental.
Por otro lado, Pedro Cámara Correa, presidente de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de la Provincia de Córdoba, destacó que si bien el cobro adicional no tiene un sustento legal específico, los propietarios tienen derecho a fijar las condiciones de alquiler. Sin embargo, señaló que imponer un monto tan elevado por la tenencia de una mascota podría considerarse abusivo y desproporcionado.
Falta de regulación y derechos de inquilinos con mascotas
El caso expuso la falta de una regulación clara sobre los cargos adicionales en contratos de alquiler relacionados con la tenencia de mascotas. En Argentina, la Ley de Alquileres vigente no aborda específicamente esta situación, lo que deja a criterio del propietario la decisión de permitir o restringir la presencia de animales en sus inmuebles.
A nivel global, algunos países han implementado medidas para garantizar que los inquilinos con mascotas no sean discriminados en el mercado de alquileres. En ciudades como Nueva York y Berlín, existen regulaciones que protegen el derecho a la tenencia responsable de mascotas, limitando la posibilidad de imponer cargos adicionales sin una justificación razonable.
Impacto en el mercado inmobiliario
El crecimiento de la tenencia de mascotas en hogares urbanos ha impulsado una transformación en las políticas de alquiler en diversas partes del mundo. Cada vez más familias consideran a sus mascotas como parte fundamental de su hogar, lo que ha llevado a una mayor demanda de propiedades pet-friendly. Esta tendencia ha motivado a algunos propietarios a adaptar sus ofertas para atraer a un público más amplio.
Según expertos del sector, la imposición de cargos elevados por mascotas podría generar un impacto negativo en el mercado de alquileres, limitando la cantidad de interesados y prolongando los tiempos de ocupación de los inmuebles. En este sentido, algunos corredores inmobiliarios sugieren alternativas como depósitos de garantía específicos para cubrir posibles daños causados por animales, en lugar de establecer tarifas fijas excesivas.
Vea también: México: Propuesta legislativa busca garantizar el acceso de animales de apoyo
El caso del cobro adicional por mascotas en un contrato de alquiler en Córdoba ha puesto en el centro del debate la necesidad de equilibrar los derechos de los inquilinos con la protección de la propiedad de los arrendadores. La falta de regulaciones claras genera incertidumbre tanto para propietarios como para inquilinos, lo que evidencia la importancia de una discusión legislativa que contemple soluciones justas para ambas partes.
Mientras se espera una mayor definición legal sobre este tipo de situaciones, los expertos recomiendan a los inquilinos negociar términos razonables y a los propietarios evaluar prácticas que favorezcan un mercado de alquileres más inclusivo y equitativo.