La entrada en vigor de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales ha generado un intenso debate en la comunidad de criadores y comerciantes de mascotas, especialmente tras su primer año de implementación. Esta legislación prohíbe la venta de perros, gatos y hurones en tiendas, permitiendo únicamente a criadores profesionales autorizados comercializarlos. Mientras que algunos defensores de la ley creen que esta modificación ayudará a prevenir la compra impulsiva de mascotas y mejorará su bienestar al evitar el estrés de estar en un escaparate, muchos comerciantes alertan sobre el riesgo de fomentar un mercado negro que podría perjudicar tanto a la economía local como a la seguridad y bienestar de los animales. Los comerciantes señalan que la ley, lejos de cuidar a los animales, podría tener repercusiones negativas, incrementando los precios de adopción y reduciendo la disponibilidad de determinadas razas, lo que podría forzar a los compradores hacia canales irregulares.
Ver también: Perritos a la Pasarela
La crítica más común entre los propietarios de tiendas de mascotas es la falta de tiempo para adaptarse a la nueva normativa. Luis Núñez, presidente del Consello Galego de Colegios Veterinarios, subraya que el periodo de adaptación otorgado a los comerciantes ha sido insuficiente. La nueva ley no solo afecta a la disponibilidad y venta de ciertos animales, sino que implica cambios logísticos significativos, como el envío de animales, que ahora debe realizarse a través de empresas especializadas y no por servicios de mensajería convencionales, aumentando considerablemente los costos. Por otro lado, hay opiniones divididas sobre cómo estas restricciones afectarán la economía del sector. Manuel Lorenzo, un criador, menciona que aunque hay aspectos positivos en la ley, su implementación puede ser abrumadora y perjudicial para muchos pequeños negocios, destacando la incertidumbre que genera en el mercado de mascotas.
A pesar de las preocupaciones planteadas por algunos comerciantes, hay quienes apoyan la prohibición de la venta en tiendas. Yolanda Outeda, criadora y jueza de la Real Sociedad Canina de España, ve en la ley una oportunidad para mejorar el bienestar animal y eliminar prácticas poco éticas, como la compra de mascotas de mercados ilegales. Según Outeda, esta nueva regulación no solo salvaguarda la salud de los animales al evitar que sean transportados en condiciones precarias, sino que también redistribuye la responsabilidad en la adquisición de mascotas, incentivando a los compradores a considerar las implicaciones financieras y emocionales de tener un animal de compañía. También argumenta que la venta de otros productos para mascotas puede compensar las pérdidas económicas derivadas de la prohibición de la venta de animales.
Ver también: Unidos por el Bienestar Animal
En términos de bienestar animal, la ley introduce una serie de requisitos que buscan reducir el abandono y la sobrepoblación de animales. Con la obligatoriedad de la identificación de mascotas, la esterilización y el control de su posesión, se espera que estas medidas ayuden a coordinar una atención más responsable hacia los animales. Sin embargo, la eficacia de estas regulaciones dependerá de la capacidad de las instituciones y de la sociedad para adaptarse a los cambios propuestos, así como de la educación y concienciación que se aporte a futuros dueños de mascotas. En última instancia, el éxito de esta ley no solo se medirá en la reducción del número de abandonos, sino también en la adaptación del sector a nuevas realidades económicas y el fortalecimiento de una cultura de tenencia responsable.
