Uruguay restringe importación de expeller de soja argentino con antidumping
Uruguay ha decidido aplicar derechos antidumping a las importaciones de expeller de soja procedente de Argentina, siguiendo las directrices establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta medida se tomó después de una investigación exhaustiva realizada por la Dirección Nacional de Industria (DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que concluyó que la producción nacional de expeller de soja estaba siendo perjudicada significativamente debido a la práctica de dumping.
¿Qué es el dumping y por qué se investiga?
El dumping es una práctica comercial en la que un producto se exporta a un precio inferior al que se vende en el mercado doméstico del país exportador. Este tipo de discriminación de precios puede distorsionar el mercado, afectando negativamente a la industria local del país importador. La normativa de la OMC permite a los países miembros imponer derechos antidumping si se demuestran tres aspectos clave:
Existe dumping en la importación de un producto.
La industria local está sufriendo un daño significativo.
Hay una relación causal entre el dumping y el daño a la industria local.
En el caso del expeller de soja argentino, la investigación realizada por el MIEM determinó que estas condiciones se cumplían, lo que llevó a la aplicación de derechos antidumping para proteger a la industria uruguaya.
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La investigación se inició tras una denuncia de empresas uruguayas que se vieron afectadas por la importación de expeller de soja a precios dumping. El análisis del Área Comercio de la DNI concluyó que las importaciones desde Argentina afectaron tanto los precios como las cantidades que la producción local pudo vender. En un contexto de aumento de la demanda debido a la sequía y a los altos precios del ganado, las ventas de la industria nacional se redujeron mientras que las importaciones de expeller se dispararon.
Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, las importaciones de expeller de soja aumentaron considerablemente, pasando de un promedio anual de 500 toneladas antes de 2020 a 41.400 toneladas. Este incremento impactó negativamente a los productores locales, quienes no pudieron beneficiarse del aumento de la demanda.
El margen de dumping para el expeller de soja argentino se estableció en un 113,9%. Esto significa que el precio de exportación a Uruguay era significativamente más bajo que el precio doméstico en Argentina. Durante el período de análisis, el precio promedio de exportación del expeller se situó en 189 dólares por tonelada a nivel ex-fábrica, mientras que el precio doméstico en Argentina era más del doble.
Ante esta situación, Uruguay decidió imponer derechos antidumping por un período de tres años. Para los productores y exportadores que realizaron dumping durante el período investigado, se fijó un derecho específico de 215 dólares por tonelada, basado en la diferencia entre el precio normal (precio doméstico en Argentina) y el precio de exportación ajustado.
Los exportadores argentinos que no participaron en el período investigado y que pueden demostrar que no están relacionados con los exportadores sujetos a derechos antidumping pueden solicitar una evaluación individual bajo el Artículo 107 del Decreto 142/996. Este artículo permite la realización de un análisis específico para determinar si se puede aplicar un derecho antidumping individual.
Además, se ha contemplado la posibilidad de que los nuevos exportadores presenten un compromiso de precios, una opción prevista en el Acuerdo Antidumping de la OMC. Este compromiso implica que el exportador se compromete a no exportar el producto con dumping y permite que las exportaciones se realicen sin pagar el derecho antidumping, siempre que se cumplan los términos acordados.
La Comisión Asesora Interministerial de Uruguay ha desarrollado un compromiso de precios estándar que los exportadores pueden aceptar para evitar el pago del derecho antidumping. Este compromiso establece que el exportador no venderá el expeller de soja a precios dumping y define mecanismos de control que son simples y ágiles. Estos controles están diseñados para no imponer una carga burocrática a los exportadores, facilitando así el cumplimiento del compromiso y permitiendo que las exportaciones se realicen rápidamente.
Mientras el compromiso esté vigente, el derecho antidumping individual queda suspendido, lo que ofrece una ventaja significativa para los exportadores argentinos que decidan adherirse a este mecanismo.
Los productores y exportadores interesados en acogerse al Artículo 107 del Decreto 142/996 deben comunicarse con el Área de Comercio del MIEM a través del correo electrónico: [email protected]. Desde allí, se les brindará la orientación necesaria para completar el procedimiento de solicitud.
Durante la investigación, se ofrecieron amplias garantías para que tanto exportadores como importadores pudieran presentar sus argumentos y aportar información relevante. Sin embargo, la respuesta de los exportadores argentinos fue mínima, ya que ninguno participó en el proceso. Solo dos importadores uruguayos colaboraron, representando apenas el 5% del volumen total importado, lo que dificultó la obtención de datos más detallados.
La imposición de derechos antidumping busca eliminar la distorsión en el mercado causada por la práctica de dumping, permitiendo a la industria local competir en condiciones justas. Con esta medida, se espera que las ventas del expeller de soja producido en Uruguay se recuperen y que los productores puedan aprovechar el aumento de la demanda en el contexto actual de déficit hídrico y altos precios del ganado.
La medida, además, envía una señal clara a los exportadores argentinos sobre la necesidad de cumplir con las normas de comercio justo establecidas por la OMC. Aquellos exportadores que continúen vendiendo a precios dumping enfrentarán barreras significativas para acceder al mercado uruguayo, mientras que quienes acepten el compromiso de precios podrán seguir comercializando su producto sin restricciones adicionales.
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Uruguay ha demostrado su compromiso con la protección de su industria nacional al aplicar derechos antidumping al expeller de soja importado desde Argentina. Esta medida, respaldada por una investigación rigurosa, busca restaurar las condiciones de competencia justa en el mercado local y proteger a los productores uruguayos de las prácticas comerciales desleales. Si bien el impacto inicial puede generar cierta fricción comercial, el mecanismo de compromiso de precios ofrece una solución viable para que los exportadores argentinos puedan seguir accediendo al mercado uruguayo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.