Uruguay provee con carne ovina en hospitales y cárceles para mejorar alimentación
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay ha dado un paso importante en la diversificación de la dieta en entidades estatales, habilitando el uso de carne ovina en los servicios de alimentación de hospitales y cárceles del país. Esta decisión responde a un esfuerzo conjunto entre técnicos, productores y autoridades del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). La carne ovina, aunque tradicionalmente de bajo consumo en Uruguay, tiene un alto valor nutricional y se incorpora ahora como una opción alimentaria en instituciones que brindan servicios a funcionarios, enfermos y reclusos.
El proceso para habilitar la carne ovina en las entidades estatales comenzó hace casi un año con intercambios entre expertos y autoridades de distintos organismos. La Dra. Georgget Banchero, directora del programa Carne y Lana del INIA, y los agrónomos Gustavo Brito y Santiago Luzardo, junto con el productor Dr. Gabriel García Pintos, llevaron a cabo una serie de estudios sobre la carne ovina. Estos estudios demostraron que la carne tiene atributos como palatabilidad, terneza y un perfil nutricional beneficioso, lo que convenció a las autoridades de ASSE y otras dependencias estatales de su idoneidad para ser incluida en los menús de hospitales y cárceles.
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Uno de los aspectos más destacados de la carne ovina es su alto contenido de aminoácidos esenciales, vitamina B12, hierro, selenio, fósforo, potasio, zinc y sodio. Estos nutrientes son fundamentales para el mantenimiento de la salud, y su inclusión en las dietas de hospitales y cárceles podría mejorar la calidad nutricional de las comidas ofrecidas a los pacientes y reclusos. Además, la carne ovina presenta un valor energético adecuado para el organismo humano, lo que la convierte en una opción interesante para las instituciones que buscan ofrecer menús equilibrados.
La gestión detrás de la inclusión de la carne ovina
La inclusión de la carne ovina en los menús de ASSE y otras dependencias estatales no fue una decisión tomada a la ligera. Fue el resultado de un proceso de análisis técnico que involucró a varios actores clave. Entre ellos, destaca la intervención del entonces presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, y otros funcionarios como el gerente general de ASSE, Dr. Eduardo Henderson, y la Dra. Gabriela Parallada, especialista en nutrición clínica. Estos profesionales, tras revisar los estudios técnicos presentados por los investigadores del INIA, tomaron la decisión de aprobar la carne ovina como una opción alimentaria en los hospitales gestionados por ASSE.
El análisis técnico no solo se centró en los beneficios nutricionales de la carne, sino también en su accesibilidad y costo. Según los estudios, la carne ovina tiene un perfil saludable de ácidos grasos insaturados, lo que la convierte en una opción adecuada para dietas saludables. Además, el aporte de proteína de la carne ovina es de 15 a 25 gramos por cada 100 gramos de alimento, lo que la coloca como una fuente importante de proteínas en la alimentación diaria.
Una vez aprobada la carne ovina para su uso en las entidades estatales, la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) jugó un papel clave en la formalización de la adquisición del producto. ARCE, un organismo desconcentrado de la Presidencia de la República con autonomía técnica, publicó el Convenio Marco N° 4/2024 el 23 de octubre de 2024, que establece las condiciones para la adquisición de carne ovina por parte de las entidades estatales. Este convenio permite a los proveedores interesados presentar sus ofertas para suministrar carne ovina a hospitales, cárceles y otras dependencias del Estado, lo que abre una nueva oportunidad de mercado para los productores de carne ovina en Uruguay.
El consumo de carne en Uruguay es una parte fundamental de la dieta nacional, y la carne ovina, aunque históricamente de bajo consumo, podría experimentar un aumento en su demanda con esta nueva habilitación. Según datos recientes del INAC, el consumo estimado de proteínas de origen animal en 2024 alcanzaría los 97,3 kilos por persona al año, lo que representa un aumento del 3,2% respecto al año anterior. De este total, se estima que 46,9 kilos corresponden a carne vacuna, 25,4 kilos a carne aviar, 22,5 kilos a carne porcina y 2,5 kilos a carne ovina.
La carne ovina, por lo tanto, representa una pequeña fracción del consumo total de carne en Uruguay, pero su inclusión en los menús de hospitales y cárceles podría aumentar su visibilidad y aceptación en el mercado interno. Esto podría ser beneficioso tanto para los productores de carne ovina como para los consumidores, quienes se beneficiarían de una mayor diversidad en las opciones alimentarias disponibles.
La habilitación de la carne ovina para su uso en hospitales y cárceles también tiene implicaciones positivas para los productores de ovinos en Uruguay. Aunque la carne ovina ha sido históricamente un producto de bajo consumo en el mercado local, su inclusión en las entidades estatales abre nuevas oportunidades de mercado. Los productores de carne ovina podrán acceder a un segmento estable y predecible de demanda, lo que podría mejorar la rentabilidad de la producción y contribuir al crecimiento de la industria ovina en el país.
Además, la diversificación de los mercados para la carne ovina podría generar un efecto positivo en la economía rural, ya que muchos de los productores de ovinos se encuentran en zonas rurales de Uruguay. La expansión de los mercados de carne ovina podría contribuir a mejorar las condiciones económicas de estas regiones, al mismo tiempo que promueve la sostenibilidad de la producción ovina en el país.
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La habilitación de la carne ovina en los servicios de alimentación de hospitales y cárceles en Uruguay es una decisión estratégica que busca mejorar la calidad nutricional de las dietas ofrecidas en estas instituciones, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades para los productores de carne ovina. Esta medida, que se deriva de un proceso de análisis técnico y colaboración entre expertos y autoridades, podría tener un impacto positivo tanto en la salud pública como en la economía rural de Uruguay.
