Uruguay aprueba histórica ley para regular a los operadores inmobiliarios
Después de más de tres décadas de intentos fallidos, Uruguay ha dado un paso decisivo hacia la formalización del sector inmobiliario con la aprobación de una ley histórica. Este marco normativo busca regular la actividad de los operadores inmobiliarios, reducir la informalidad que afecta a más del 60% de los trabajadores del sector y establecer mecanismos de control y transparencia.
Beatriz Carámbula, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), ha sido una de las principales impulsoras de esta legislación. En una entrevista con InfoNegocios, expresó su satisfacción tras la aprobación de la ley, destacando que el 60% de los operadores inmobiliarios en Uruguay trabajan de manera informal, lo que ha generado problemas como evasión de impuestos y falta de cumplimiento de las regulaciones del Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).
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“Había personas que se autodenominaban inmobiliarias sin estar registradas ni pagar impuestos, lo que fomentaba situaciones irregulares y, en muchos casos, estafas. Esto se agravó tras la pandemia”, comentó Carámbula. Según ella, la nueva ley no solo establecerá un Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, sino que también reducirá la informalidad y la evasión fiscal en el sector.
Un largo camino hacia la aprobación
El proceso de aprobación de esta ley no fue fácil. Durante más de 30 años, distintos intentos legislativos fracasaron por diversas razones, incluyendo la falta de consenso entre los actores políticos y económicos del país. Sin embargo, en esta legislatura se dio el momento adecuado para impulsar el proyecto, que fue aprobado en uno de los últimos periodos de sesiones del Parlamento.
La clave para su aprobación, según Carámbula, fue el carácter inclusivo de la ley. “Este proyecto no excluye a nadie. Incorporamos a todos los que ya están trabajando en el sector, con el objetivo de que todos se formalicen y que el mercado inmobiliario se profesionalice”, destacó la presidenta de la CIU.
Uno de los puntos más relevantes de la nueva ley es la creación de un Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios. Este registro obligará a todos los operadores del sector a formalizarse y a cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley. Además, la normativa establece que los operadores deberán contar con al menos un año de antigüedad en el rubro y haber realizado una capacitación avalada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
“La capacitación es fundamental para mejorar la calidad del servicio y garantizar que quienes trabajan en el sector estén debidamente capacitados”, explicó Carámbula. Esto, además, ayudará a los clientes a contar con operadores confiables y profesionales, minimizando el riesgo de fraudes y estafas.
Otro aspecto destacado de la ley es la creación de un observatorio inmobiliario, que permitirá contar con información actualizada sobre las transacciones en el mercado. Este observatorio recopilará datos como las zonas más demandadas, los precios promedio de alquileres y ventas, y las preferencias del mercado.
“La falta de datos ha sido uno de los grandes problemas del sector. Con este observatorio, podremos acceder a información valiosa que beneficiará no solo a los operadores inmobiliarios, sino también a los desarrolladores y clientes”, subrayó la presidenta de la CIU.
Este tipo de herramientas contribuirá a la transparencia en el mercado inmobiliario, facilitando la toma de decisiones de todos los actores involucrados, desde pequeños operadores hasta grandes desarrolladores de proyectos.
Control de las plataformas digitales
La ley también establece un marco regulatorio para las plataformas digitales que facilitan la compra y venta de inmuebles. Si bien los propietarios podrán seguir publicando sus propiedades de manera independiente, las inmobiliarias que utilicen estas plataformas deberán cumplir con requisitos específicos, como incluir su número de matrícula.
“No estamos en contra de las plataformas, trabajamos con ellas y son bienvenidas, pero deben operar dentro de un marco regulado”, afirmó Carámbula. Este control busca evitar la competencia desleal y asegurar que los operadores registrados cumplan con las normativas.
Aunque la aprobación de la ley representa un avance significativo, aún queda por delante su reglamentación y la implementación de mecanismos de fiscalización. Según Carámbula, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay ya está trabajando junto con expertos para asegurar que la reglamentación sea clara y efectiva.
Uno de los principales desafíos será garantizar que todos los operadores inmobiliarios se formalicen y cumplan con las nuevas normativas. Esto requerirá un esfuerzo coordinado entre las autoridades del Estado, los organismos reguladores y los propios operadores del sector.
Impacto esperado en el mercado
Con la implementación de esta ley, se espera que el mercado inmobiliario uruguayo se encamine hacia una mayor formalización y profesionalización, lo que generará beneficios tanto para los operadores como para los clientes y el Estado. Además de reducir la evasión fiscal, la normativa permitirá que todos los actores trabajen bajo las mismas reglas, fomentando un entorno de competencia más justo y transparente.
Carámbula concluyó subrayando que la ley beneficiará a todos los actores del sector, desde pequeños operadores hasta grandes desarrolladores. “Este marco normativo nos permitirá profesionalizar el sector y garantizar que los clientes reciban un servicio de calidad y confianza”, afirmó.
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La aprobación de esta ley marca un antes y un después en el mercado inmobiliario uruguayo. Tras 30 años de intentos fallidos, el sector contará finalmente con una regulación que fomenta la formalización y la transparencia, protegiendo tanto a los operadores como a los clientes. El próximo desafío será la reglamentación y la implementación de los mecanismos de fiscalización, pero el camino hacia un mercado inmobiliario más profesional ya está en marcha.
