Plebiscito sobre la seguridad social: Cámara de Comercio advierte «imposible de pagar»
El plebiscito impulsado por el Pit-Cnt para reformar el sistema de seguridad social uruguayo ha generado un fuerte debate en el país, particularmente entre los sectores empresariales y políticos. En este contexto, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY) ha manifestado una preocupación significativa por las posibles consecuencias económicas de dicha reforma, en especial la prohibición del ahorro individual como parte del sistema de jubilaciones y pensiones.
Uno de los principales voceros en este debate ha sido Carlos Matyszczyk, directivo de la CCSUY y exgerente general de República AFAP, quien ha advertido sobre los riesgos que implicaría la aprobación de la reforma. Matyszczyk, en una reciente presentación ante periodistas, describió la propuesta como un «déficit imposible de pagar», lo que ha encendido aún más la discusión pública sobre el futuro del sistema previsional uruguayo.
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La reforma propuesta por el Pit-Cnt busca modificar el artículo 67 de la Constitución de la República para prohibir el ahorro individual con destino jubilatorio. Según el texto presentado, «el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales». Esto eliminaría la participación de entidades privadas en la gestión de fondos de ahorro individual, como las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional), que actualmente complementan las jubilaciones del sistema público.
El plebiscito surge como una respuesta a las críticas de diversos sectores sociales sobre las desigualdades y deficiencias del sistema previsional vigente. Los promotores del Sí argumentan que el ahorro individual beneficia principalmente a los sectores más privilegiados, mientras que los más vulnerables dependen exclusivamente del Estado para sus jubilaciones. La reforma busca un sistema más equitativo y solidario.
Sin embargo, la CCSUY y otros sectores empresariales ven con gran preocupación esta propuesta, argumentando que su implementación crearía serios problemas económicos para el país a largo plazo.
La postura de la Cámara de Comercio
Carlos Matyszczyk, durante su exposición, resaltó algunas de las buenas prácticas recomendadas por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) respecto a las reformas de los sistemas previsionales. Entre ellas, mencionó la necesidad de garantizar la viabilidad financiera a largo plazo, proyectando ingresos y egresos del sistema hasta 75 años en el futuro y revisando periódicamente las reformas para adaptarlas a las cambiantes realidades demográficas y económicas.
Según Matyszczyk, uno de los principales problemas de la propuesta del Pit-Cnt es que eliminar el ahorro individual concentraría toda la responsabilidad en el Estado, lo que generaría un déficit insostenible. “Esta reforma generaría un agujero fiscal imposible de pagar para la sociedad uruguaya”, advirtió el directivo, sugiriendo que, de aprobarse, el país se vería obligado a recortar recursos en otras áreas sociales clave, como la infancia y la educación.
Además, destacó que la existencia de las AFAP ha permitido diversificar las fuentes de ingreso para las jubilaciones, lo que alivia la carga sobre el sistema público y brinda una mayor seguridad financiera a los futuros jubilados. La eliminación de este pilar, dijo Matyszczyk, reduciría drásticamente la sostenibilidad del sistema y obligaría al Estado a endeudarse o a incrementar impuestos para poder cubrir las obligaciones previsionales.
Uno de los aspectos más controvertidos del plebiscito es la prohibición del ahorro individual. Desde la creación de las AFAP en la década de 1990, los trabajadores uruguayos aportan una parte de sus salarios a cuentas de ahorro gestionadas por estas entidades, lo que complementa sus jubilaciones futuras. Aunque el sistema ha sido criticado por la central sindical y algunos sectores del Frente Amplio, los defensores del modelo argumentan que permite una mayor estabilidad a largo plazo.
Matyszczyk enfatizó que eliminar este componente del sistema generaría un impacto económico profundo. Al concentrar toda la carga en el Estado, el país se vería enfrentado a un déficit creciente, especialmente en un contexto en el que la población uruguaya está envejeciendo rápidamente. Las proyecciones demográficas indican que en las próximas décadas habrá más jubilados y menos trabajadores activos, lo que incrementará la presión sobre el sistema de seguridad social.
«Si no podemos pagar las jubilaciones de manera sostenible, estamos comprometiendo el futuro de todo el país», señaló Matyszczyk. En su opinión, mantener el ahorro individual es crucial para garantizar que las futuras generaciones puedan acceder a una jubilación digna sin sobrecargar las finanzas públicas.
El plebiscito sobre la seguridad social ha dividido a la sociedad uruguaya. Por un lado, los sectores sindicales y algunos partidos políticos de izquierda argumentan que el actual sistema beneficia desproporcionadamente a los sectores más ricos, mientras que la mayoría de los trabajadores, especialmente los de menores ingresos, dependen exclusivamente del sistema público.
Por otro lado, los sectores empresariales y algunos expertos en economía advierten que la eliminación del ahorro individual no solo afectaría negativamente a los futuros jubilados, sino que también pondría en riesgo la estabilidad económica del país. En este sentido, el debate no solo se centra en las jubilaciones, sino en el modelo económico y social que Uruguay debe adoptar en las próximas décadas.
Para la CCSUY, lo que está en juego no es solo la viabilidad del sistema previsional, sino también la capacidad del país para continuar creciendo de manera sostenible. «No podemos permitir que el futuro de nuestros trabajadores se vea comprometido por una reforma que no toma en cuenta las consecuencias económicas a largo plazo», concluyó Matyszczyk.
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El plebiscito sobre la seguridad social propuesto por el Pit-Cnt ha generado una intensa discusión en Uruguay. Mientras los defensores de la reforma ven en ella una oportunidad para hacer el sistema más equitativo, sectores empresariales como la CCSUY advierten sobre los riesgos de concentrar toda la carga en el Estado y eliminar el ahorro individual.
Carlos Matyszczyk, uno de los principales voceros en contra de la reforma, ha señalado que la propuesta generaría un déficit insostenible para el país, lo que pondría en peligro no solo las jubilaciones futuras, sino también la posibilidad de asignar recursos a otras áreas clave. El debate está lejos de cerrarse, y la decisión final quedará en manos de los ciudadanos, quienes deberán evaluar los pros y los contras de la reforma antes de emitir su voto.
