Músicos uruguayos no reciben pagos por reproducciones digitales tras conflicto con Spotify
El conflicto entre los músicos uruguayos y las plataformas digitales, principalmente Spotify, continúa sin resolverse, dejando a los artistas sin percibir ingresos por las reproducciones de sus canciones. A pesar de la modificación en la Ley de Derechos de Autor en 2023, que buscaba garantizar una remuneración justa para los intérpretes, la realidad sigue siendo adversa para ellos.
Recientemente, representantes de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (SUDEI), que incluye a reconocidos músicos como Rubén Rada, La Triple Nelson y La Vela Puerca, se reunieron con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para abordar la falta de cumplimiento en los pagos. Los artistas están exigiendo que se aplique correctamente el decreto aprobado en diciembre de 2023, el cual estipula que deben ser incluidos en la distribución de los ingresos generados por las plataformas de streaming.
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El problema con Spotify y otras plataformas de streaming no es nuevo. En 2023, SUDEI presentó un reclamo ante el gobierno uruguayo para modificar la legislación sobre derechos de autor, argumentando que los músicos no estaban recibiendo pagos por las reproducciones de sus interpretaciones en plataformas digitales. El reclamo se centraba en la necesidad de actualizar la ley para que los intérpretes, y no solo los compositores y productoras, pudieran recibir ingresos por su trabajo.
Hasta ese momento, los ingresos generados por las plataformas de streaming se distribuían de manera desigual: el 60% era destinado a los autores, mientras que el 40% restante se dirigía a las productoras, dejando a los intérpretes sin compensación alguna. Esta situación afectaba especialmente a los músicos que interpretaban canciones de otros compositores, como es habitual en géneros como la música tropical.
El gobierno uruguayo tomó en cuenta el pedido de SUDEI y modificó dos artículos de la Ley de Derechos de Autor en la Rendición de Cuentas de 2023. Sin embargo, esta modificación no fue bien recibida por Spotify, que argumentó que el cambio en la ley alteraría su modelo de negocio, obligándolos a realizar pagos duplicados. Ante esta situación, Spotify amenazó con cesar sus operaciones en Uruguay si no se alcanzaba una solución satisfactoria.
En diciembre de 2023, el gobierno aprobó un decreto reglamentario que aparentemente solucionó el conflicto con Spotify, permitiendo que la plataforma siguiera operando en el país. Este decreto establecía que los intérpretes debían ser contemplados en la distribución de los ingresos generados por las plataformas digitales y creaba una comisión dentro del MIEM para definir los porcentajes de pago para los intérpretes.
No obstante, SUDEI expresó su descontento, ya que fueron excluidos del proceso de redacción del decreto y consideraron que el sistema propuesto para determinar la distribución de los ingresos era frágil e insuficiente. A pesar de la aprobación del decreto, los músicos aún no han visto ningún ingreso por las reproducciones de sus interpretaciones en plataformas como Spotify, lo que ha generado una nueva ola de protestas.
En este contexto, los representantes de SUDEI se reunieron recientemente con el MIEM para presentar un informe y exigir que se cumpla con lo establecido en el decreto. Según declaraciones de Martha Caviglia, abogada de SUDEI, el objetivo es garantizar que los artistas intérpretes y ejecutantes reciban los derechos correspondientes por el uso de sus interpretaciones en plataformas digitales. Sin embargo, el proceso sigue en discusión, y el MIEM ha señalado que se realizará un análisis jurídico del planteo presentado por los intérpretes.
La falta de pago por parte de las plataformas digitales no solo afecta a los músicos uruguayos en términos económicos, sino que también tiene un impacto significativo en la industria musical del país. Las plataformas de streaming han transformado la manera en que se consume música a nivel mundial, y la falta de una regulación adecuada que contemple los derechos de los intérpretes puede desalentar la creación y el desarrollo de nuevos talentos en Uruguay.
Los músicos uruguayos, como Rubén Rada y las bandas La Triple Nelson y La Vela Puerca, han alzado sus voces para denunciar esta situación, firmando un manifiesto que exige la aplicación efectiva del decreto aprobado en 2023. Según informes de la prensa local, SUDEI está recolectando firmas entre sus miembros para presionar al gobierno y garantizar que se implementen las medidas necesarias para que los músicos reciban una compensación justa por su trabajo.
El principal desafío radica en cómo se distribuirá el 40% de los ingresos que actualmente reciben las productoras. SUDEI plantea que, al igual que sucedía con los discos analógicos, un porcentaje de ese 40% debería destinarse a los intérpretes. El MIEM ha recibido esta propuesta y ha prometido estudiarla, pero hasta el momento no se han tomado medidas concretas para resolver el problema.
La lucha de los músicos uruguayos por una compensación justa en las plataformas digitales pone de relieve un desafío global en la industria musical. A medida que la tecnología avanza y las plataformas de streaming se consolidan como el principal medio de consumo de música, los artistas intérpretes y ejecutantes enfrentan la necesidad de adaptar las normativas legales para proteger sus derechos.
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El caso de Uruguay es un ejemplo de cómo la regulación puede quedar rezagada frente a los cambios tecnológicos. Si bien el conflicto con Spotify logró evitar la salida de la plataforma del país, los músicos siguen enfrentando dificultades para recibir los ingresos que les corresponden por su trabajo. En este sentido, el rol del gobierno y las entidades reguladoras será crucial para asegurar que los intérpretes no queden marginados en esta nueva era digital.
El próximo paso en este proceso será crucial para definir el futuro de los derechos de los músicos en Uruguay. Las negociaciones entre SUDEI y el MIEM continuarán, y se espera que, con el apoyo de la comunidad artística y la opinión pública, se logre un acuerdo que garantice una distribución equitativa de los ingresos generados por las plataformas de streaming.
