El impacto de la reducción de aranceles en el sector textil y del calzado en Argentina
El Gobierno argentino oficializó la reducción de los aranceles de importación para productos textiles, calzado, hilados y telas, con el objetivo de fomentar la competencia y reducir los precios locales. A través del Decreto 236/2025, los aranceles de ropa y calzado bajaron del 35% al 20%, mientras que los de telas se redujeron del 26% al 18% y los de hilados se ajustaron a niveles entre el 12% y el 16%. Esta medida restablece los valores previos a 2007, año en que el Mercosur estableció una suba arancelaria que se mantuvo sin revisión durante 18 años.
Contexto y justificación de la medida
El Ejecutivo sostiene que los precios de la ropa y el calzado en Argentina son significativamente más altos que en otros países. Un informe oficial comparó los valores de distintas prendas en mercados internacionales, revelando que una remera en Argentina cuesta 310% más que en España y 95% más que en Brasil. De manera similar, una campera es 174% más cara que en España y 90% más costosa que en Brasil.
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Según fuentes gubernamentales, esta diferencia de precios se debe, en gran parte, a los altos aranceles de importación que limitan la competencia. Además, la reducción arancelaria se alinea con las tasas aplicadas por países vecinos como Uruguay, que cobra un 20% más un 5% de tasa consular, y Paraguay, donde el arancel para estos productos es del 10%.
El sector industrial reaccionó con preocupación ante la decisión del Gobierno. La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que la apertura comercial sin medidas complementarias de competitividad podría agravar las dificultades que enfrenta la producción local.
Según la UIA, el alto costo argentino —derivado de la presión fiscal, la informalidad y la falta de acceso al crédito— hace que la industria nacional no pueda competir en igualdad de condiciones con productos importados. Además, argumentaron que el aumento de precios en la indumentaria ha sido moderado en comparación con otros sectores, con un alza del 0,6% en textiles y 1% en ropa fabricada en el país durante enero, mientras que en febrero el rubro prendas de vestir y calzado aumentó un 0,4%, cifras consideradas bajas dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por su parte, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) calificó la medida como un «industricidio», advirtiendo que podría desencadenar la pérdida de miles de empleos y el cierre de numerosas fábricas. El sector textil e indumentaria en Argentina emplea a 539.000 personas, de las cuales más de 290.000 trabajan en la industria manufacturera. La CIAI señaló que esta decisión favorece la importación de productos a precios irrisorios, especialmente desde Asia, donde los costos laborales e impositivos son considerablemente más bajos.
Otras modificaciones en la regulación textil
El Gobierno también implementó una serie de cambios en los procedimientos aduaneros con el fin de agilizar el comercio y reducir costos para los importadores. Se eliminaron:
El control aduanero del etiquetado de productos textiles y calzado.
El estampillado obligatorio de la mercadería.
La exigencia de pasar por el canal rojo normativo.
La Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP).
Las licencias de importación.
Estos cambios buscan facilitar la entrada de productos extranjeros al mercado y generar mayor competencia, en línea con los esfuerzos de la Secretaría de Industria y Comercio para estabilizar los precios en el sector textil y reducir la inflación.
El rol del contrabando y el comercio informal
Uno de los puntos centrales del debate es el impacto del comercio ilegal en la industria local. Según un estudio del Centro de Estudios Económicos de la UIA (CEU-UIA), el 33% de las empresas consultadas indicaron que el contrabando afecta negativamente sus operaciones, mientras que en el sector textil e indumentaria ese porcentaje asciende al 80%.
Los industriales argumentan que la apertura comercial podría agravar este problema, ya que la reducción de aranceles facilita la entrada de productos importados que muchas veces llegan al país por canales informales, sin pagar impuestos ni cumplir con regulaciones de calidad y seguridad.
El impacto de la reducción arancelaria dependerá de varios factores:
Comportamiento de los precios: Si la competencia lograra efectivamente reducir los precios, los consumidores podrían beneficiarse, pero el sector productivo local se vería afectado.
Reacción del mercado laboral: Si la industria textil pierde competitividad frente a las importaciones, podrían producirse despidos y cierres de fábricas.
Nivel de contrabando: Si no se refuerzan los controles sobre el comercio ilegal, la medida podría favorecer la entrada de productos sin regulación y aumentar la competencia desleal.
Adaptación de las empresas: Algunas compañías podrían buscar estrategias para mejorar su competitividad, como inversiones en tecnología, mejora de procesos productivos o alianzas comerciales.
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La reducción de aranceles en el sector textil y del calzado es una medida con efectos inciertos. Mientras el Gobierno apuesta por una mayor competencia y precios más accesibles, los empresarios advierten sobre el riesgo de una crisis en la industria nacional. La evolución de esta política dependerá del equilibrio entre la apertura del mercado y las medidas que se implementen para fortalecer la producción local.
