Crece la preocupación empresarial en Uruguay ante proyecto para elevar franquicia online
La propuesta para aumentar el límite de compras por internet desde el exterior en Uruguay ha encendido las alarmas en el sector comercial. El diputado por el Partido Colorado, Juan Martín Jorge, impulsa un proyecto de ley que pretende elevar de 200 a 500 dólares el tope permitido por compra, en un intento por flexibilizar el acceso de los consumidores a productos internacionales. No obstante, la iniciativa despierta una fuerte resistencia desde las cámaras empresariales, que advierten sobre los riesgos para la competitividad del comercio local.
Actualmente, el régimen vigente permite tres compras anuales de hasta 200 dólares cada una, bajo ciertas condiciones, lo que ya genera preocupación por su impacto en las ventas internas. De aprobarse el nuevo proyecto, las implicancias serían aún mayores, según alertan desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy).
Argumentos a favor: democratizar el acceso a productos
Juan Martín Jorge defiende su proyecto argumentando que es necesario actualizar los parámetros de importación personal, dada la evolución del comercio electrónico y las necesidades de los consumidores uruguayos. En entrevista con el semanario Crónicas, el legislador calificó de «ridículo» el no ampliar las posibilidades de compra, especialmente en rubros donde no existe oferta nacional competitiva.
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Jorge también destacó que el público más joven es el principal beneficiado, ya que hoy enfrenta dificultades para acceder a determinados productos en Uruguay, sea por precio o por disponibilidad. Aunque reconoció que la medida puede significar un sacrificio para el comercio interno y una merma en la recaudación fiscal, afirmó que el beneficio para la población supera los costos.
En su visión, el problema de fondo no es el monto autorizado para compras, sino la falta de controles efectivos. Por ello, propuso reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar prácticas como la reventa informal de productos importados.
El sector empresarial responde: un golpe adicional para el comercio formal
Desde la CCSUy, la reacción no fue tan optimista. Ana Laura Fernández, jefa del Departamento de Estudios Económicos y Comercio Internacional de la cámara, advirtió que ya el sistema actual genera complicaciones serias para los comercios locales. A su entender, un incremento del monto permitido profundizaría aún más la pérdida de ventas en sectores como vestimenta, hogar, juguetes y electrónica.
Fernández remarcó que los comercios uruguayos enfrentan un entorno de competencia desigual: mientras que los productos importados bajo franquicia no tributan impuestos ni cumplen exigencias regulatorias, los negocios formales deben afrontar aranceles, normas de etiquetado y estrictos controles de calidad. Esta situación, denuncian, erosiona sus márgenes y pone en riesgo empleos formales.
Además, alertó sobre el fenómeno de la reventa informal a través de redes sociales, que perjudica tanto al comercio registrado como a la recaudación fiscal. En este sentido, sostuvo que la ausencia de controles adecuados agudiza una problemática ya existente.
La historia de las franquicias online en Uruguay
El debate no es nuevo. Desde que en 2007 se aprobara la ley que reguló las compras personales por internet —con cinco envíos anuales de hasta 200 dólares—, la normativa ha sido objeto de sucesivas revisiones. En 2012, un decreto limitó los beneficios, y entre 2013 y 2016 se ajustaron las condiciones hasta llegar a las tres compras actuales.
No obstante, el fenómeno Temu, la plataforma china de e-commerce que llegó a Uruguay en 2024, cambió las reglas del juego. Con precios ultracompetitivos y envío gratuito, Temu disparó el volumen de compras externas: según datos oficiales, las operaciones pasaron de 45.000 mensuales a principios de 2024 a unas 170.000 en febrero de 2025.
El Ministerio de Economía y Finanzas estima que este año se dejarán de gastar cerca de 180 millones de dólares en el comercio interno debido a las compras online al exterior. Esto representa una presión extra para un sector que ya enfrenta desafíos derivados de la lenta recuperación económica.
¿Qué opinan los comerciantes del interior?
El debate también llegó a nivel departamental. En una reunión vía Zoom con representantes de la Cámara de Industria y Comercio de San José, Jorge expuso su proyecto ante comerciantes locales. Según relató, hubo consenso en que los costos en Uruguay son elevados, y que facilitar la importación podría aliviar en parte esta situación.
Sin embargo, también admitió que la “discusión de fondo” radica en los elevados costos estructurales que afectan a la producción y comercialización local. A su entender, el proyecto representa un paso intermedio para mejorar el acceso de los consumidores sin necesariamente resolver todos los problemas del comercio interno.
El rol de la aduana en la fiscalización
El crecimiento exponencial de las compras bajo franquicia llevó a la Dirección Nacional de Aduanas a crear recientemente una unidad de seguimiento para reforzar los controles. Según fuentes oficiales, el objetivo es evitar abusos y detectar operaciones de reventa no autorizadas.
Para los empresarios, estos esfuerzos son insuficientes frente al volumen de mercadería que ingresa y la dificultad de controlar todos los envíos pequeños. Fernández remarcó que fortalecer el control aduanero es esencial, pero que no basta con eso si se amplía el monto permitido para las compras.
El proyecto de ley impulsado por Jorge revela una tensión creciente entre dos visiones distintas: por un lado, la necesidad de modernizar los mecanismos de acceso de los consumidores a bienes globales; por otro, la urgencia de proteger al comercio local frente a una competencia cada vez más feroz e informal.
Mientras los consumidores celebran las oportunidades de adquirir productos más baratos, los comerciantes formales ven amenazada su sostenibilidad. Y en el medio, el Estado enfrenta el desafío de equilibrar la apertura comercial con la preservación de su base tributaria y su tejido empresarial.
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Por ahora, la pelota está en el Poder Ejecutivo, que deberá estudiar los alcances del proyecto y definir su postura. Lo cierto es que cualquier decisión tendrá repercusiones económicas y políticas, en un contexto donde cada dólar que no circula en el mercado interno se siente más que nunca.
