Cierre de Yazaki en Uruguay podría impulsar cambios en inversiones
El cierre de la multinacional japonesa Yazaki en Uruguay ha generado un fuerte impacto económico y social, dejando a unas 1.200 personas sin empleo y abriendo un debate sobre la necesidad de revisar la Ley de Promoción de Inversiones. Esta norma, que otorga exoneraciones fiscales a las empresas que se instalan en el país, podría ser modificada ante el riesgo de que situaciones similares se repitan en el futuro.
La empresa, dedicada a la producción de autopartes, contaba con dos plantas en Uruguay: una en Colonia con alrededor de 800 trabajadores y otra en Las Piedras con 300 empleados. La decisión de cerrar sus operaciones en el país tomó por sorpresa tanto al gobierno como al sindicato, a pesar de las advertencias previas sobre la falta de competitividad y los conflictos laborales.
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Según el comunicado oficial de Yazaki, los altos costos operativos fueron el principal motivo para abandonar el país. La casa matriz en Japón tomó esta determinación sin posibilidad de marcha atrás, lo que dejó a las autoridades uruguayas con un margen de maniobra limitado. Sin embargo, el gobierno propuso crear un espacio de negociación para facilitar la recapacitación del personal y mejorar las condiciones de los despidos.
Desde el ámbito sindical, se cuestionó el cierre repentino de la empresa, especialmente considerando que Yazaki había recibido beneficios fiscales a través de la Ley de Promoción de Inversiones. Esta normativa ofrece incentivos a las empresas que invierten en el país, siempre que cumplan con ciertos requisitos. La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de ajustar la ley para proteger mejor a los trabajadores uruguayos.
El futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, visitó la planta de Las Piedras y expresó su preocupación por la falta de mecanismos que aseguren una salida menos abrupta de las empresas beneficiadas por la ley. Castillo, conocido por su trayectoria en el PIT-CNT y su rol como secretario general del Partido Comunista, planteó la posibilidad de introducir ajustes normativos para evitar que estas situaciones se repitan.
En sus declaraciones, Castillo subrayó la importancia de contar con una “contraparte” en las leyes que promueven la inversión extranjera. A su juicio, no es aceptable que una empresa pueda abandonar el país de forma tan repentina, dejando a cientos de familias en la incertidumbre. «Los trabajadores quieren saber cuándo podrán volver a trabajar, sin importar el nombre o el logo de la empresa», afirmó.
Por su parte, el futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, reconoció que el principal desafío es crear puestos de trabajo de calidad y sostenibles en el tiempo. Oddone destacó que la mayoría de las personas afectadas son mujeres y jefas de familia, lo que agrava el impacto social del cierre de Yazaki.
Oddone también mencionó los problemas de costos que enfrenta Uruguay, especialmente en comparación con otros países de la región como Paraguay y Argentina, donde Yazaki trasladará su producción. La empresa señaló que el cambio le permitirá reducir costos en al menos un 20%, además de evitar los problemas derivados de los conflictos sindicales.
A pesar de reconocer las dificultades de competitividad, Oddone defendió la estabilidad y las reglas claras del mercado laboral uruguayo. «Uruguay es un país estable, con normas laborales claras y una genuina preocupación por proteger los derechos de las personas», aseguró.
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El cierre de Yazaki no solo evidencia las complejidades del mercado laboral uruguayo, sino que también deja en evidencia la necesidad de revisar las políticas de promoción de inversiones para evitar que las exoneraciones fiscales no se traduzcan en un perjuicio para los trabajadores locales. La propuesta del nuevo gobierno de revisar esta ley podría ser un primer paso hacia un modelo más equilibrado y justo para todas las partes involucradas.
