Buquebus solicita información para implementar la nueva tasa fluvial, retrasando su aplicación
La implementación de la nueva tasa fluvial en Uruguay, diseñada para financiar servicios de seguridad en los puntos de control fronterizo, ha generado controversia y medidas legales por parte de empresas afectadas como Buquebus. Desde principios de este año, el Poder Ejecutivo uruguayo ha impuesto un cargo adicional de 2,10 dólares más IVA a los pasajeros que ingresan o salen del país por vía marítima o fluvial, argumentando la necesidad de asegurar y mantener controles migratorios efectivos.
Buquebus, una de las principales operadoras de transporte fluvial entre Buenos Aires y Uruguay a través del Río de la Plata, ha expresado preocupaciones significativas sobre la aplicación de esta nueva tasa. La empresa ha solicitado información adicional a las autoridades para poder implementar adecuadamente el cobro, argumentando que la falta de claridad administrativa y contable en las directrices actuales representa un obstáculo significativo.
La postura de Buquebus ha sido clara desde el inicio: consideran que la imposición de esta tasa por decreto, en lugar de ser aprobada por ley según lo establece la Constitución, constituye una vulneración del principio de legalidad. Daniel Ochs, representante legal de Buquebus, ha enfatizado que la medida afecta desproporcionadamente a los usuarios de servicios fluviales y marítimos, aumentando los costos de los pasajes y perjudicando la competitividad de las operaciones.
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«Tenemos tres impugnaciones en curso. Todas están fundamentadas tanto en normativas legales como en principios democráticos básicos de igualdad y justicia fiscal», explicó Ochs en declaraciones a Ámbito. La empresa ha cuestionado también la falta de evaluación adecuada por parte del Ministerio del Interior sobre los costos reales asociados al nuevo sistema de control migratorio, señalando una falta de transparencia y planificación por parte del gobierno en esta iniciativa.
El impacto económico y operativo de esta medida se extiende más allá de Buquebus. Las compañías de transporte marítimo y fluvial internacional que operan en Uruguay están ahora obligadas a actuar como agentes de retención de esta tasa, lo que implica nuevos costos administrativos y logísticos que podrían afectar negativamente la competitividad del sector.
Además, la decisión del gobierno uruguayo ha sido criticada por otros sectores empresariales y por expertos tributarios que ven en esta tasa más un impuesto que un servicio específico de seguridad. La falta de consulta previa con los actores involucrados y la aparente falta de planificación detallada sobre cómo se aplicará y administrará esta tasa han suscitado preocupaciones adicionales sobre la capacidad del gobierno para gestionar efectivamente esta política.
En términos prácticos, el decreto establece que las empresas de transporte marítimo o fluvial deben cobrar esta tasa al momento de emitir los boletos, actuando como recaudadoras y luego remitiendo los fondos al proveedor del sistema de control fronterizo adjudicado. Esta estructura, aunque destinada a mejorar la seguridad y los controles migratorios, ha sido recibida con escepticismo y desconfianza por parte de las empresas afectadas, que ahora buscan claridad y soluciones administrativas adecuadas para cumplir con la normativa vigente.
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El conflicto en torno a la nueva tasa fluvial en Uruguay refleja tensiones más amplias entre la necesidad de financiar servicios públicos esenciales y la responsabilidad del gobierno de asegurar un ambiente regulatorio claro y predecible para las empresas. Buquebus y otros operadores continúan presionando por una revisión de esta medida, argumentando que su implementación actual puede tener efectos adversos en el comercio y el turismo regional, mientras que el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar ingresos fiscales con demandas legales y económicas de los sectores afectados.
