800 mil uruguayos están en «default» por deudas financieras acumuladas
Un reciente estudio realizado por la Universidad de la República en Uruguay ha revelado que aproximadamente 800 mil personas están en situación de «default» financiero, lo que significa que no pueden pagar sus deudas con el sistema financiero. Este preocupante hallazgo se basa en datos aportados por el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La investigación, titulada «Deuda del consumidor y pobreza, la brecha del riesgo de incumplimiento», propone la implementación de un sistema de declaración de «bancarrota» y la otorgación de créditos de carácter social por parte del Mides para frenar esta problemática.
La situación de endeudamiento
El estudio, liderado por Graciela Sanroman del departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, define «default» como el atraso de más de 90 días en el pago de un crédito. Sanroman destacó que no se indaga si el impago es por falta de voluntad o capacidad, pero sí se observó que muchas de las personas en default están recibiendo ayudas del Plan de Equidad y la Tarjeta Uruguay Social, programas destinados a apoyar a aquellos en situación de pobreza. Aproximadamente 200 mil de estas personas enfrentan dificultades de repago debido a sus bajos ingresos.
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Propuestas para mitigar el problema
Entre las soluciones propuestas por las autoras del estudio, se destaca la reducción del límite de usura. En Uruguay, el límite de usura, establecido por ley en 2007, es un 90% por encima del promedio de las tasas de interés del segmento correspondiente en los últimos tres meses. Sanroman explicó que, desde 2009, las tasas de interés han aumentado sin un incremento paralelo en la inflación o el costo del crédito para el país, lo que sugiere que el sistema financiero podría estar actuando de manera ineficiente. Una propuesta es reducir significativamente la tasa de usura y revisarla en función de eventos económicos como un aumento de la inflación o del costo del financiamiento.
Además de ajustar la tasa de usura, se propone impulsar la educación financiera en varios niveles. Sanroman subrayó la importancia de que las personas aprendan a manejar sus finanzas y comprendan el uso responsable del crédito, ya que este puede ser una herramienta valiosa si se utiliza adecuadamente.
Sanroman también criticó la propuesta de Cabildo Abierto, que busca reducir el límite de usura al 30%. Según Sanroman, esta medida sería perjudicial para el sistema financiero, ya que haría que el crédito se volviera no rentable para las instituciones financieras. Además, argumentó que la solución debe encontrarse en la legislación, no en la Constitución, y sugirió que una reducción de tasas más razonable podría ser una solución viable.
Ana Inés Zerbino, economista y directora de la empresa crediticia Incapital, participó en los comentarios del informe y propuso la implementación de un subsidio que garantice tasas de interés más bajas para las personas vulnerables. Zerbino también sugirió medidas puntuales de reestructuración voluntaria de deudas para aquellos afectados por la pandemia. Explicó que las empresas financieras tienden a vender carteras de deudas atrasadas a empresas recuperadoras, y que reestructurar estas deudas podría ayudar a mitigar los efectos negativos sobre las personas endeudadas.
Zerbino recordó que la pandemia de 2020 afectó significativamente al empleo y a los ingresos, especialmente de las poblaciones más vulnerables que no tenían acceso a seguros de paro. Este contexto global incrementó notablemente la cantidad de personas en situación de default, no solo en Uruguay, sino también en otros países. En Brasil, por ejemplo, 70 millones de personas están en situación de default, lo que representa el 32% de la población, en comparación con el 28% en Uruguay.
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El endeudamiento financiero es un problema crítico que afecta a un gran número de uruguayos. Las propuestas para abordar esta crisis incluyen desde la reducción del límite de usura hasta la mejora de la educación financiera y la implementación de subsidios específicos. La situación actual requiere acciones coordinadas y efectivas para prevenir que más personas caigan en el default y para ayudar a aquellas que ya están en esta situación.
Las medidas sugeridas por los especialistas apuntan a crear un entorno financiero más justo y sostenible, donde las personas puedan acceder a créditos en condiciones más favorables y recibir apoyo para manejar sus finanzas de manera más eficiente. El camino hacia la solución pasa por reformas legislativas, ajustes en las políticas financieras y un compromiso serio por parte del gobierno y las instituciones financieras para proteger a los ciudadanos más vulnerables.
