La reciente operación de venta de Telefónica del Perú a la firma argentina Integra Tec ha generado un intenso debate legal y económico en el país, poniendo en evidencia las complejidades y tensiones que rodean a una de las principales empresas de telecomunicaciones en Perú. La decisión del Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima de admitir a trámite una demanda de amparo presentada por los principales acreedores privados de Telefónica del Perú marca un hito en la disputa legal que busca determinar la validez y legalidad de esta operación.
Los acreedores, que incluyen Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aseguradoras y bonistas, han presentado esta demanda en respuesta a lo que consideran una operación irregular y que, en su opinión, vulnera sus derechos y la transparencia del proceso. La demanda fue impulsada por Adrián Simons, representante legal de estos acreedores, quienes argumentan que la venta se realizó sin su consentimiento y en un contexto que podría haber vulnerado los derechos de los acreedores en un proceso de insolvencia.
Uno de los principales argumentos en contra de la operación es la supuesta falta de transparencia en el proceso de venta y la posible exclusión de los acreedores de decisiones clave, especialmente en el marco de un procedimiento concursal que la propia Telefónica del Perú había iniciado meses antes de la venta. Este procedimiento, iniciado ante Indecopi, buscaba reorganizar la compañía debido a litigios tributarios pendientes con la Sunat, que superan los 1,000 millones de euros y que representan un peso importante en la estructura financiera de la empresa.
La Sunat, por su parte, sigue siendo el principal acreedor de Telefónica del Perú con una deuda de aproximadamente 2,473 millones de soles, seguida por los tenedores de bonos que suman unos 2,365 millones de soles. Entre ambos grupos, representan más del 75% de la carga financiera de la compañía, lo que subraya la magnitud del conflicto y la relevancia de la deuda en la operación de venta. La adquisición por parte de Integra Tec, una empresa registrada en Panamá apenas un mes antes de la operación, por un monto de solo 3.7 millones de soles, ha generado dudas sobre la legalidad y la conveniencia de la transacción, especialmente considerando que la operación incluía la asunción de pasivos que superan con creces esa cifra.
La venta, concretada el 13 de abril, fue criticada por diversos actores del sector, quienes señalan que la operación fue una forma de evadir el control de los acreedores y de la Junta de Acreedores, desplazándolos y privándolos de su participación en decisiones fundamentales. Además, la figura de Integra Tec ha sido puesta en duda, dado que la firma tiene un capital muy reducido y carece de experiencia demostrada en el sector telecomunicaciones, lo que aumenta las sospechas sobre la solvencia y la capacidad de cumplimiento de la compradora.
Dentro de los argumentos de los acreedores, se destaca que la operación se llevó a cabo sin su conocimiento ni consentimiento, en un contexto en el que la empresa ya había iniciado un proceso concursal. Esta situación genera inquietudes sobre la legalidad de la venta, puesto que podría tratarse de una maniobra para evitar la participación de los acreedores en la reestructuración y en la toma de decisiones clave relacionadas con los pasivos de la compañía.
Tras la venta y en respuesta a las circunstancias, Telefónica del Perú ha cambiado su estrategia y ha solicitado acogerse a un Procedimiento Concursal Preventivo (PCP), aprobado el 30 de abril, que permite suspender el pago de deudas mientras se negocian condiciones con los acreedores. Este procedimiento ofrece mayor flexibilidad y busca preservar la continuidad de las operaciones, asegurando que los servicios de telecomunicaciones lleguen a los más de 13 millones de clientes de la compañía.
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Simultáneamente, la Sunat ha intensificado su ofensiva para asegurar el cobro de las deudas tributarias pendientes. En dos embargos, realizados en abril y mayo, el ente recaudador incautó bienes inmuebles por un valor cercano a los 823 millones de soles, relacionados con ejercicios fiscales de 2000, 2001 y 2009. La compañía ha afirmado que estas medidas no comprometen su operatividad ni los servicios públicos que brinda, destacando que la integridad de la operación se mantiene y que es fundamental para cumplir con las obligaciones dentro del procedimiento concursal.
Este escenario refleja un momento de gran incertidumbre para Telefónica del Perú, cuya situación financiera, legal y operacional está siendo objeto de análisis y disputa en diferentes frentes. La demanda de amparo admitida por el Poder Judicial representa un posible punto de inflexión, ya que si se determina la nulidad de la venta, podría significar la reversión de la operación y la protección de los derechos de los acreedores y del Estado. Sin embargo, aún quedan muchas variables por resolver, incluyendo las decisiones judiciales futuras, el impacto en la continuidad del negocio y las implicancias para el mercado de telecomunicaciones en Perú.
La situación de Telefónica del Perú evidencia la complejidad de gestionar procesos de insolvencia, operaciones de venta y la protección de derechos de los acreedores en un entorno legal y económico desafiante. La resolución de este conflicto será determinante para definir el futuro de la compañía y sentar precedentes en el ámbito de la responsabilidad y transparencia en operaciones corporativas en el país.
Fuente: Infomercado
