El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, conocido como Indecopi, ha tomado una decisión controversial al desestimar la denuncia presentada por tres asociaciones de consumidores que cuestionaban las condiciones de seguridad en los centros comerciales de la cadena Real Plaza. Esta denuncia se originó tras el trágico colapso del techo del patio de comidas en el Real Plaza Trujillo, ocurrido el 21 de febrero de 2025, que resultó en la muerte de seis personas y más de 70 heridos, lo que desató una ola de clausuras en varios locales a lo largo del país.
La denuncia fue formulada por el Centro de Protección al Ciudadano Equidad, la Asociación Peruana de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios (Proconsumo) y la Asociación de Consumidores Inmobiliarios del Perú (ADCIP). Estas organizaciones solicitaron una investigación exhaustiva no solo del incidente en Trujillo, sino también de las condiciones estructurales de otros diez centros comerciales de la cadena, que, según los denunciantes, presentaban fallas similares. Las clausuras se habían llevado a cabo en diversas ciudades, incluyendo Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Ate, Piura, Chorrillos y Juliaca, lo que generó una preocupación generalizada sobre la seguridad de los edificios comerciales en el Perú.
Sin embargo, en su Resolución Final N° 0747-2025/CC2, Indecopi argumentó que no tenía la competencia para asumir el caso, señalando que corresponde a las municipalidades la responsabilidad de verificar y sancionar las condiciones de seguridad en los establecimientos comerciales. En este sentido, la entidad enfatizó que las clausuras ya estaban siendo ejecutadas por las autoridades municipales, como sucedió en Huancayo, donde un local de Real Plaza fue cerrado por deficiencias estructurales y eléctricas.
Además, la resolución de Indecopi también desestimó las alegaciones relacionadas con las fallas estructurales en los otros diez centros comerciales de la cadena, argumentando que no se presentó evidencia suficiente que demostrara que Real Plaza tenía conocimiento de las deficiencias antes de las intervenciones municipales. A pesar de la existencia de informes que documentaban varias clausuras por problemas estructurales y riesgos eléctricos en diversas ciudades, la entidad reguladora concluyó que no hubo pruebas concretas que vincularan a la cadena con estos problemas.
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Otro aspecto importante de la resolución fue la negativa a considerar las solicitudes de medidas cautelares, que incluían el reembolso de los gastos a los familiares de las víctimas del colapso en Trujillo. Indecopi se basó en el principio de «non bis in idem», el cual prohíbe que una misma entidad sea sancionada más de una vez por la misma infracción. La entidad argumentó que ya existe un procedimiento administrativo abierto ante la Comisión de Indecopi de La Libertad, que está investigando los hechos relacionados con el trágico colapso, lo que impide la apertura de un nuevo procedimiento por el mismo incidente.
Finalmente, Indecopi ordenó que se enviara una copia del expediente a las municipalidades implicadas en las clausuras, para que continúen investigando y tomando las acciones pertinentes. Asimismo, se instruyó a remitir el caso a la Oficina Regional de Indecopi de La Libertad, donde ya se lleva a cabo una investigación sobre el colapso en el Real Plaza Trujillo. Esta decisión ha dejado en evidencia la tensión entre la regulación estatal y la seguridad pública, así como la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en los centros comerciales y otros espacios públicos para garantizar la protección de los consumidores en el futuro.
Fuente: Infobae
