Recientemente, se ha planteado un cambio significativo en las regulaciones que rigen el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) en Perú, un ajuste que, aunque persigue el objetivo de incrementar la seguridad del sistema eléctrico, podría acarrear un aumento en los costos de producción de energías renovables. Esto, a su vez, disminuiría la competitividad de estas energías dentro de la industria nacional.
La discusión sobre estos cambios se intensificó poco antes de que Enel Generación Perú, ahora conocida como Orygen, fuese adquirida por el fondo británico Actis en una operación valorada en 1.360 millones de dólares. En este contexto, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) presentó su propuesta de actualización del Procedimiento Técnico N° 20, conocido como PR-20. Esta actualización incluye una serie de modificaciones clave que impactan directa y profundamente a los nuevos proyectos de centrales de generación no convencional (CGNC), exigiendo que estas instalaciones cuenten con sistemas de respaldo diseñados para evitar caídas de frecuencia, un requerimiento que, de facto, se traduce en la necesidad de implementar tecnologías como la inercia sintética. Esta tecnología es crucial para compensar las variaciones en la producción de energía.
De esta forma, los nuevos proyectos de generación de energía renovable, similares a los de hidroeléctricas y termoeléctricas, se verían obligados a incorporar baterías que proporcionen este respaldo. La primera reacción ante esta propuesta llegó por parte de Enel, que argumentó que COES excede sus competencias al imponer este tipo de requisitos, alegando que esta exigencia carece de un sustento técnico y económico adecuado. Enel sostiene que el COES está implementando un servicio de Reserva Primaria de Frecuencia (RPF) que contradice las exoneraciones previstas en la normativa actual para las energías renovables.
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Además de Enel, otras empresas del sector energético como Grenergy, Engie, Fénix Power, Kallpa y Luz del Sur, así como entidades como la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) y la Asociación Peruana de Energía Renovables (SPR), han expresado su preocupación. La SPR, en particular, advierte que esta nueva normativa podría restringir la participación de plantas eólicas y solares en la matriz eléctrica del país, lo que tendría repercusiones negativas en términos ambientales, sociales y de competitividad. También destacan cómo esta situación podría afectar la viabilidad económica de múltiples proyectos en curso.
Por su parte, César Butrón, presidente del COES, ha señalado que la implementación de este cambio es necesaria ante la creciente participación de las CGNC en el mercado, proyectando que su participación podría pasar del 8% al 35% en el futuro cercano. Aunque reconoce que se requerirá un aumento en las inversiones por parte de los nuevos proyectos, Butrón argumenta que estas condiciones deben aplicarse equitativamente a todas las centrales de generación.
Desde la perspectiva de otros expertos, como Rafael Laca de Enerkory, se considera que es fundamental que todas las centrales dispongan de un sistema de compensación. Erick García, actual director en San Gabán, apunta que una discusión técnica liderada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) podría haber sido un espacio adecuado para abordar estos cambios, enfatizando que la discusión sobre competitividad no puede desvincularse de la imperiosa necesidad de garantizar la confiabilidad del sistema.
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Una alternativa que podría explorarse para mitigar el impacto inmediato de estas regulaciones es la creación de un «mercado de servicios complementarios», que permitiría a las CGNC adquirir la inercia sintética necesaria sin que esto se traduzca en un aumento desproporcionado de costos. Sin embargo, si este tipo de medidas no se aprueban, se prevé que, en un período máximo de diez años, la matriz eléctrica del país se vuelva inestable, lo que podría tener consecuencias graves para el suministro energético nacional. Es imperativo que los reguladores y el sector energético trabajen en conjunto para equilibrar la seguridad del sistema con la promoción de un mercado de energías renovables competitivas y sostenibles.
