La agencia calificadora Moody’s ha decidido rebajar la calificación de Telefónica del Perú S.A.A. (TdP) de Caa3 a C, una medida que refleja la crítica situación financiera que enfrenta la empresa. Esta decisión se produce en el contexto de la solicitud de TdP para ingresar a un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante Indecopi, con el propósito de reestructurar sus obligaciones tanto financieras como tributarias. Esta situación ha encendido las alarmas, no solo entre los inversores, sino también entre los acreedores de la compañía.
Moody’s ha advertido que la liquidez de Telefónica del Perú continuará en un estado de deterioro, con un flujo de caja que se prevé será negativo al menos hasta el año 2026. Este escenario desolador plantea una alta probabilidad de que se lleve a cabo una reestructuración de la deuda, o incluso una oferta de canje de deuda en dificultades, lo que podría tener un efecto adverso sobre los acreedores no garantizados. Se estima que estos acreedores podrían enfrentar pérdidas que superan el 50%, lo que añade una capa de complejidad a la situación actual.
Debate sobre el Procedimiento Concursal y sus Consecuencias
En respuesta a estos acontecimientos, el congresista Roberto Kamiche Morante, del partido Alianza Para el Progreso (APP), organizó una mesa de trabajo titulada «Perspectivas del procedimiento concursal de la empresa Telefónica del Perú: Reestructuración patrimonial o estrategia para no cumplir obligaciones». En este espacio, se reunieron representantes de Indecopi, Osiptel, y sindicatos del sector telecomunicaciones para analizar cómo la reestructuración podría afectar la calidad del servicio, los derechos laborales y las deudas contraídas con el Estado.
José Carlos Quintana Rondón, representante de Indecopi, explicó que la solicitud de Telefónica aún se encuentra en proceso de evaluación. Si se aprueba, los acreedores, incluyendo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tendrán la oportunidad de presentar sus solicitudes de reconocimiento de deuda. Quintana enfatizó que este procedimiento no interrumpirá las operaciones de la empresa ni afectará el cumplimiento de sus obligaciones.
Por su parte, Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo de Osiptel, aseguró que Telefónica debe seguir prestando sus servicios de manera normal y que el organismo regulador continuará supervisando su desempeño, aplicando sanciones en caso de incumplimientos. A pesar de los desafíos financieros, se ha informado que TdP ha logrado obtener créditos para mejorar su infraestructura y calidad de servicio.
Inquietudes Sindicales y el Futuro de los Trabajadores
Los representantes sindicales también han expresado su preocupación por la gestión de Telefónica y el impacto que esto podría tener en sus trabajadores. Walter Díaz de La Vega Castillo, del sindicato Sinattel, y Juan Larrea Chávez, de Sitratel-Región Central, señalaron que la empresa ha tercerizado gran parte de sus operaciones, lo que genera inquietudes sobre la estabilidad laboral en el futuro.
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Los sindicatos han pedido que se garantice la protección de los derechos laborales durante este proceso de reestructuración. En la reunión participaron también representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quienes coincidieron en la importancia de resguardar los derechos de los trabajadores en este contexto incierto.
A pesar de que Moody’s ha mantenido una perspectiva estable, la incertidumbre sobre la situación de Telefónica del Perú sigue latente. La resolución de esta crisis podría llevar años, mientras que los diversos actores involucrados buscan alcanzar un balance entre la sostenibilidad financiera de la empresa y el cumplimiento de sus obligaciones hacia todos los interesados.
Fuente: Infomercado
