En un contexto donde el agricultor peruano enfrenta desafíos cruciales, la reciente aprobación de la Ley 31973, conocida como la «Ley Pro-Agricultor», surge como un instrumento vital para impulsar la formalización del sector y proteger nuestros recursos naturales. Esta legislación, lejos de ser una amenaza, representa una esperanza para miles de agricultores que buscan continuar sus operaciones y exportaciones, especialmente hacia destinos como la Unión Europea, al mismo tiempo que reconoce y aborda la compleja realidad del agro nacional.
En medio de la marea de información, versiones tergiversadas y alejadas de la realidad han circulado en diversos medios y plataformas digitales. Por ello, es fundamental desentrañar los beneficios de esta ley y despejar cualquier duda o malentendido.
Es crucial comprender que la Ley 31973 no promueve la deforestación. Su aplicación se limita a predios donde la actividad agrícola está arraigada desde hace años y cuenta con un reconocimiento oficial del Estado. Este enfoque excluye cualquier posibilidad de aplicación a aquellos que han llegado recientemente o que puedan tener intenciones de deforestar en el futuro.
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Reconociendo el uso histórico de la tierra:
Es importante destacar que la normativa reconoce el uso agrario del suelo que ya no posee cobertura boscosa, siempre y cuando exista un reconocimiento oficial del Estado. De esta manera, se elimina el riesgo de conflictos con comunidades indígenas, ya que la ley no retrocede sobre derechos ya establecidos.
Un equilibrio entre agricultura y conservación:
Además, la ley devuelve la función rectora de los Bosques de Producción Permanente (BPP) al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), manteniendo una consulta constante con el Ministerio del Ambiente (Minam) para la zonificación forestal. Este enfoque garantiza una gestión equilibrada y responsable de nuestros recursos naturales, preservando la biodiversidad y los ecosistemas que sustentan nuestra vida y economía.
Respeto irrestricto a la ley:
Es crucial subrayar que la Ley 31973 no exime de responsabilidad a ninguna persona o entidad por actividades ilegales o tráfico de tierras, ni tampoco modifica el código penal. Los procesos judiciales en curso no se verán afectados, lo que demuestra el compromiso del Estado peruano con el imperio de la ley y la justicia.
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Un paso adelante hacia la formalización:
En un contexto de urgencia frente a la deforestación, la entrada en vigor de esta ley a partir del 1 de enero de 2025 marcará un antes y un después en la forma en que se lleva a cabo la agricultura en el país. Los agricultores solo podrán exportar a la Unión Europea (UE) si cumplen con estrictas normas anti-deforestación y georreferenciación de sus cultivos, según lo establecido por el compromiso del Ministro de Agricultura, Ángel Manero.
Un camino hacia la sostenibilidad:
A medida que avanzamos hacia la formalización, el Midagri ya está implementando medidas para titular y formalizar las tierras agrícolas, aunque este proceso llevará tiempo y esfuerzo. Es un compromiso de largo plazo que requiere la colaboración de todos los actores involucrados.
Un consenso por el desarrollo sostenible:
La «Ley Pro-Agricultor» cuenta con el respaldo de diversos gremios agrarios y organizaciones indígenas, demostrando un amplio consenso en la búsqueda de un desarrollo sostenible para el sector agricultor peruano. Cabe mencionar que en la Amazonía del Perú hay cerca de 500 mil Unidades Agropecuarias y que emplean a más de 1 millón de trabajadores.
La Ley 31973 no es un enemigo del medio ambiente, sino una herramienta fundamental para su protección y para el desarrollo sostenible de la agricultura peruana. Es un llamado a la acción para el peruano, a unirnos en el compromiso de construir un futuro más próspero y verde para nuestra nación.
