Para que esta situación se aclare de manera definitiva, es esencial que se complete un arbitraje que se ha prolongado por más de tres años en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Hasta tanto se logre una resolución, la incertidumbre seguirá latente, ya que el monto en discusión podría equivaler casi a la mitad de las ganancias que Telefónica prevé obtener en el año 2023.
El equipo legal de Telefónica, apoyado por los especialistas fiscales de Uría Menéndez, se encuentra en una fase de evaluación de sus posibilidades ante el Ciadi. Su objetivo primordial no es solo recuperar los pagos realizados hasta la fecha, que ascienden a 572,5 millones de dólares (aproximadamente 523,6 millones de euros) y que Telefónica considera injustos, sino también eliminar las provisiones relacionadas con otros impuestos que el gobierno peruano ha reclamado. Estas exigencias fiscales adicionales podrían alcanzar hasta 647,2 millones de dólares (592 millones de euros), que Telefónica considera en desacuerdo con los tratados bilaterales existentes entre España y Perú.
A las cifras mencionadas, se suman otros 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros) que corresponden a gastos emergentes que la empresa ha tenido que afrontar, incluyendo honorarios por servicios legales y fianzas requeridas en procesos judiciales locales. De hecho, se estima que un 80% de las cantidades que Telefónica ha tenido que pagar en los últimos años se deben a intereses acumulados por impagos que no son atribuibles a la empresa, una situación que ha resultado en un litigio prolongado y costoso.
La reclamación presentada por Telefónica ante el Ciadi, efectuada el 12 de marzo de 2021, argumenta que las acciones del gobierno peruano afectan gravemente sus derechos amparados por el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú. Dentro de este contexto, se establece que el gobierno está obligado a garantizar un tratamiento equitativo y justo hacia los inversores españoles, lo que otorga aún más peso a la defensa de Telefónica.
El proceso de arbitraje tiene un árbitro designado, Luca G. Radicati, de nacionalidad italobritánica, quien se encargará de evaluar si el estado peruano actuó con equidad y justicia hacia Telefónica. A su vez, se le exigirá determinar si el estado cumplió con su deber de proteger la estabilidad económica de la empresa y de no expropiarla sin ofrecerle las compensaciones adecuadas.
En este complejo escenario, Telefónica cuenta con un equipo de asesores legales conformado por expertos de Uría Menéndez en Madrid y Lima, además de apoyo de las firmas White & Case en Nueva York y México. Sus asesores fundamentan su caso en tres tipos de perjuicios: el daño histórico por pagos realizados en Perú que supuestamente violentan el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), la contingencia fiscal por los montos exigidos que aún no han sido pagados, y el daño emergente por los costos legales y fianzas.
Vea también: Telefónica del Perú recibe duro golpe: Multa millonaria confirmada
Los antecedentes de esta disputa se remontan a 1994, cuando Telefónica adquirió la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) por 1,300 millones de dólares, y luego, en 1999, adquirió Entel Perú por 1,200 millones de dólares, durante la administración de Alberto Fujimori. Desde entonces, ha habido una serie de controversias y litigios, especialmente con el gobierno de Valentín Paniagua, que encargó a la Sunat realizar un análisis exhaustivo sobre la empresa, lo que llevó a la percepción de un hostigamiento constante.
A lo largo de sus tres décadas de operaciones en suelo peruano, Telefónica del Perú ha contribuido con más de 2,675 millones de euros en impuestos al gobierno, manteniendo a más de 10 millones de clientes móviles y cerca de 900,000 abonados a su servicio de fibra óptica. La resolución de este complicado litigio no solo tiene implicaciones financieras para la empresa, sino que también podría establecer un precedente significativo en las relaciones comerciales entre Perú y España.
Fuente: Infomercado
