El Poder Judicial del Perú ha dado un paso importante en la protección de los derechos de los acreedores de Telefónica del Perú (Movistar) al admitir una medida de amparo presentada por los bonistas de la compañía. Esta acción judicial busca frenar una operación que, desde su realización, ha generado controversia y preocupación entre los principales actores financieros y legales involucrados en el caso.
Hasta ahora, uno de los aspectos menos conocidos en este conflicto ha sido el esfuerzo de los bonistas —que incluyen a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), además de otros acreedores como compañías de seguros— para recuperar el capital invertido en la empresa. Como informó Gestión hace aproximadamente dos meses, los bonistas son los principales tenedores de los bonos corporativos emitidos por Telefónica en 2019, con un monto superior a los 460 millones de dólares en el mercado internacional. Esto los convierte en actores clave en el destino de la compañía y en los principales interesados en evitar decisiones que puedan erosionar el valor de sus inversiones.
El 13 de abril pasado, la atención del sector financiero peruano y de los bonistas se centró en un anuncio que sorprendió a muchos: Telefónica Hispanoamérica, la matriz de Telefónica del Perú, transfirió la totalidad de su participación en la filial peruana a una empresa vinculada a un fondo argentino, Integra Capital, por apenas un millón de dólares. La operación se realizó sin la previa consulta o aprobación de los acreedores, lo cual fue considerado como un acto irregular y que vulneraba derechos fundamentales, dado que cualquier decisión de esa magnitud debería haber sido evaluada por la Junta de Acreedores de Telefónica del Perú.
Frente a esta situación, los bonistas decidieron acudir a la vía judicial. El 16 de abril presentaron un recurso de amparo ante el Décimo Primer Juzgado Constitucional Permanente de Lima, buscando que se suspenda la transferencia de acciones y que se deje sin efecto la venta que ya se concretó. La admisión de esta demanda por parte del juzgado ocurrió el 5 de mayo, marcando un paso decisivo en la defensa de sus derechos y en la protección del valor de la compañía.
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La principal solicitud de los bonistas es que se ordene a Telefónica Hispanoamérica abstenerse de transferir o vender las acciones de Telefónica del Perú, argumentando que la operación se realizó de manera irregular, por un precio irrisorio y en condiciones que constituyen un posible abuso del derecho. La medida busca, además, que se deje sin efecto la venta que ya ha sido concretada, en aras de salvaguardar los intereses de los acreedores y evitar que se continúe con un proceso que consideran perjudicial y carente de transparencia.
Este caso refleja un escenario de tensión entre los derechos de los acreedores y las decisiones corporativas de Telefónica, en un contexto en el que la protección legal y la transparencia en las operaciones de venta de activos son fundamentales para evitar abusos y resguardar los intereses de todos los involucrados. La resolución de esta demanda será clave para determinar el futuro de la estructura accionaria de Telefónica en Perú y la protección de los derechos de los bonistas, en un momento en que la compañía busca mantener su estabilidad en un mercado cada vez más competitivo y desafiante.
Fuente: DFSud
