En los últimos años, el término «Lava Jato» ha llegado a simbolizar la corrupción a gran escala, no solo en Brasil, donde inició la investigación, sino también en varios países de América Latina, incluido Perú. En un desarrollo sorprendente, un ciudadano peruano buscó registrar «Lava Jato» como una marca de productos de limpieza ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
La pretensión de nombrar un negocio en honor al escándalo de sobornos y lavado de dinero que comprometió a importantes empresas constructoras y tuvo un grave impacto en la región fue rechazada por el organismo regulador. ¿Por qué se impidió el registro de la marca Lava Jato?
En julio de 2019, cuando Perú estaba conmocionado por el escándalo de corrupción asociado a Lava Jato, un emprendedor peruano decidió aprovechar la oportunidad y pagó S/600 para registrar el nombre, dado que «jato» es un término coloquial para referirse a casa. A pesar de que logró inscribir su empresa como Lava Jato E.I.R.L. y no encontró obstáculos en Sunarp, Indecopi rechazó su solicitud de registro tras determinar que ese nombre violaba el artículo 135 del Régimen de Propiedad Industrial, el cual prohíbe registrar marcas que vayan en contra de la moral, el orden público y las buenas costumbres.
El nombre estaba intrínsecamente ligado al escándalo de corrupción que ha sacudido a múltiples países latinoamericanos, afectando a políticos y empresarios. Usarlo como marca podría resultar confuso y engañoso para el público, creando una asociación no deseada con el caso judicial.
De acuerdo con LP Pasión por el Derecho, Indecopi señala que «Lava Jato» no se vincula con actividades de limpieza para el consumidor, sino que se refiere a una operación de combate a la corrupción en la región. De esta manera, un eventual registro de la marca podría perturbar el orden público, especialmente considerando que en Perú cuatro expresidentes se encuentran bajo investigación por este caso. Incluso figuras como el exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, han enfrentado períodos de prisión preventiva debido a supuestos aportes de Odebrecht a sus campañas electorales.
El caso Lava Jato ha dejado huellas profundas en Perú, involucrando a políticos y empresas locales en un esquema de sobornos que operó a través de la constructora brasileña Odebrecht. Este entramado permitió la concesión de contratos públicos a cambio de sobornos, lo que perjudicó la transparencia en la gestión pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
Las repercusiones de Lava Jato han desencadenado investigaciones y acusaciones contra figuras políticas prominentes, incluido un número de expresidentes y altos funcionarios. Los sobornos que Odebrecht realizó para asegurar contratos millonarios en grandes proyectos de infraestructura, como carreteras y gasoductos, han socavado la credibilidad del sistema político y empresarial del país. Asimismo, el caso motivó reformas judiciales y políticas para combatir la corrupción estructural en la nación.
Vea también: Indecopi sanciona a BBVA por poner en riesgo datos de clientes
A pesar de los esfuerzos por erradicar la corrupción, Lava Jato todavía resuena en la memoria colectiva de los peruanos, y su impacto en la política nacional es innegable. Esto refuerza la idea de que «Lava Jato» no es solo un término, sino un recordatorio de la persistente necesidad de luchar contra la corrupción.
En cuanto a los expresidentes peruanos investigados por el caso Lava Jato, algunos de los que han sido llamados a rendir cuentas son:
- Ollanta Humala: presidente entre 2011 y 2016.
- Pedro Pablo Kuczynski: gobernó de 2016 a 2018.
- Alejandro Toledo: mandó el país de 2001 a 2006.
- Alan García: presidente en dos períodos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011.
