El panorama laboral del Perú en 2025 se vislumbra lleno de cambios significativos provocados por la implementación de nuevas normativas impulsadas por el gobierno. Sin embargo, los especialistas en temas laborales han expresado sus reservas sobre si estas medidas realmente abordan las necesidades de los trabajadores o si, en cambio, responden a intereses políticos. Entre las principales iniciativas que se están discutiendo se encuentra el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), la introducción de proyectos de ley para proteger a los padres y madres trabajadores, reformas a la negociación colectiva en el sector público, y un nuevo reglamento referente a la Ley de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Uno de los hitos más relevantes en este contexto fue la derogación del artículo 28° de la Ley 32103, aprobada por el Pleno del Congreso el 28 de diciembre de 2024. Esta derogación elimina las restricciones a la negociación colectiva en el sector público, lo que permite a los trabajadores volver a discutir sus condiciones laborales, siempre dentro del marco de los presupuestos de cada entidad. Alejandra Dinegro, especialista laboral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha advertido que esta medida es crucial, ya que vulneraba principios fundamentales defendidos por los sindicatos y reconocidos tanto por la Constitución peruana como por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este avance se enmarca dentro de un proceso histórico que comenzó el 30 de junio de 2022, cuando se firmó el primer convenio colectivo centralizado estatal en Perú, beneficiando a trabajadores de diversas modalidades de empleo y generando mejoras económicas significativas.
Incremento de la Remuneración Mínima Vital
A partir del 1 de enero de 2025, la RMV en Perú se elevará a S/ 1.130, un anuncio realizado por la presidenta Dina Boluarte. Este incremento tendrá un impacto en varios aspectos laborales, lo que implica que los empleadores deberán considerar ajustes en diferentes beneficios y asignaciones laborales. Por ejemplo, la asignación familiar se fijará en el 10% de la RMV, mientras que otros límites relacionados con prestaciones alimentarias y gastos de movilidad se ajustarán a esta nueva cifra. Alexandra Ortiz, socia del área Laboral en Stucchi Abogados, ha enfatizado la urgencia de modernizar la regulación laboral, que aún se encuentra anclada en normativas de los años 90, señalando la falta de cultura en el uso de datos para informar y evaluar políticas laborales.
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En marzo de 2024, el Congreso aprobó importantes proyectos de ley destinados a fortalecer la protección laboral de madres y padres trabajadores, como la nulidad del despido para trabajadoras en posiciones de dirección y la extensión de la licencia por paternidad a 15 días, de los cuales 5 serían subsidiados por EsSalud. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó esta ley en julio de 2024, argumentando que podría desincentivar la productividad y crear desigualdades entre trabajadores. Este proyecto ha sido devuelto a la Comisión de Trabajo para su revisión.
Proyectos de Nuevo Reglamento de la Ley CAS
Recientemente, el gobierno también ha presentado un nuevo reglamento para la Ley de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), que incluye cambios significativos como la posibilidad de que los trabajadores CAS en cargos de confianza puedan suspender su contrato y la transformación de contratos previos a marzo de 2021 en indefinidos. Según Christian Sánchez, ex Ministro de Trabajo, estos cambios podrían haberse implementado de manera más eficiente mediante directivas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), sugiriendo una falta de avance en la reforma del empleo público.
El futuro laboral en Perú se enfrenta a un periodo de cambios significativos que podrían mejorar las condiciones de trabajo. Sin embargo, el éxito de estas reformas dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para responder a las necesidades reales de los trabajadores, en lugar de simplemente cumplir con objetivos políticos. La situación actual exige una evaluación crítica y un enfoque proactivo para asegurar que las nuevas normativas beneficien realmente a quienes forman la columna vertebral del país: sus trabajadores.
Fuente: La República
