Perú se encuentra en una situación de alta tensión legal y diplomática tras ser declarado «en rebeldía» por un tribunal en San Diego, California, debido a su incumplimiento en responder a una demanda presentada por el consorcio Kuntur Wasi. La controversia se centra en una disputa millonaria relacionada con el incumplimiento del pago de una suma que supera los 91 millones de dólares, correspondiente a un laudo arbitral favorable a Kuntur Wasi, una de las empresas responsables de la construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.
La historia comienza en mayo de 2024, cuando el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictaminó, por unanimidad, que el contrato de concesión otorgado a Kuntur Wasi era válido y legítimo. Este contrato, que data de varios años atrás, fue la base del proyecto de infraestructura aeroportuaria en Cusco, uno de los destinos turísticos más importantes del Perú. La resolución del Ciadi también aclaró que la adenda al contrato, que modificaba ciertos aspectos del acuerdo original, también era válida, dejando en claro la legalidad de las acciones del consorcio.
El conflicto surgió en 2018, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió unilateralmente poner fin al contrato de concesión sin seguir los procedimientos establecidos, alegando motivos que no fueron aceptados por Kuntur Wasi. La empresa, en respuesta, inició un proceso arbitral para hacer valer sus derechos y buscar una compensación por la terminación anticipada del acuerdo. La decisión del Ciadi en 2024 fue clara: el Estado peruano había actuado de manera arbitraria e injustificada al cancelar el contrato, y por ello, debía pagar una suma significativa para compensar a la empresa.
El monto determinado por el tribunal internacional fue de aproximadamente US$ 91,2 millones, incluyendo intereses y costos asociados. Sin embargo, el gobierno peruano no cumplió con el pago ni respondió en el plazo establecido, a pesar de haber sido debidamente notificado en noviembre de 2024. La falta de respuesta y el incumplimiento en la ejecución del laudo arbitral llevaron a que, en abril de 2025, un tribunal en San Diego declarara al Perú en rebeldía.
La declaración de rebeldía en el contexto legal estadounidense implica que el Estado peruano no ha comparecido ni presentado alegatos en el proceso de ejecución del laudo arbitral, lo que limita la capacidad de la parte demandante para hacer efectiva la sentencia. Esta situación, además de ser un problema legal, tiene implicaciones diplomáticas y económicas, puesto que afecta la reputación del Perú en el ámbito internacional y puede tener consecuencias sobre futuras inversiones y relaciones bilaterales.
La comunidad internacional y expertos en derecho internacional han señalado que esta situación refleja una problemática de cumplimiento de decisiones arbitrales y de respeto por los acuerdos internacionales. La falta de respuesta del Perú a una orden judicial en Estados Unidos también puede abrir la puerta a acciones legales adicionales y a medidas de ejecución forzada, dependiendo de las acciones que tome la parte afectada.
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El gobierno peruano ha mantenido un silencio respecto a la situación, aunque algunos analistas sugieren que el país debería buscar una solución diplomática y legal que permita cumplir con las obligaciones internacionales y evitar un mayor deterioro de su imagen en el extranjero. La disputa en torno a la concesión del aeropuerto de Chinchero, que en su momento fue presentada como un proyecto clave para el desarrollo turístico y económico de Cusco, ahora se ha convertido en un asunto de interés internacional que podría afectar otros aspectos de la política exterior del Perú.
En conclusión, el caso de Perú en rebeldía en Estados Unidos por la deuda millonaria con Kuntur Wasi es un recordatorio de la importancia del cumplimiento de los acuerdos internacionales y de la necesidad de resolver las controversias de manera transparente y respetuosa. La resolución de este conflicto requerirá, sin duda, esfuerzos diplomáticos y legales que permitan al país superar esta crisis y restablecer su compromiso con las obligaciones internacionales que ha asumido.
Fuente: DFSud
