La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) ha expresado su postura de manera clara y contundente en relación con la implementación del cobro del Impuesto General a las Ventas (IGV) a empresas no domiciliadas que ofrecen servicios digitales en el país. A través de un comunicado, la asociación enfatiza la necesidad de obtener mayor claridad sobre las disposiciones que rigen esta nueva normativa, que afecta a proveedores de servicios digitales que operan desde fuera del territorio peruano.
La semana pasada, Asbanc solicitó una reunión con el Ministro de Economía, con el objetivo de plantear sus observaciones sobre el decreto que establece el cobro de IGV a estas empresas no domiciliadas. La preocupación principal radica en la complejidad que, según la asociación, se añade al cumplimiento de esta norma para los proveedores de servicios digitales que no tienen un domicilio fiscal en el Perú. Entre las dificultades identificadas se encuentran las exigencias relacionadas con las declaraciones fiscales, el proceso de pagos, las sanciones que podrían imponerse por posibles errores de cumplimiento, y los trámites relacionados con la devolución del impuesto.
Un aspecto relevante en las observaciones de Asbanc es la falta de claridad sobre el rol que las instituciones del sistema financiero asumirán como facilitadores del pago del impuesto dentro del contexto de la nueva legislación. Según la asociación, esta incertidumbre puede generar más desventajas que beneficios tanto para los consumidores como para las empresas que operan en el país.
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El gremio bancario también señala que el enfoque adoptado en la normativa no fomenta la inscripción ni el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de aquellos servicios no domiciliados, lo que contrasta con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a los que el Perú se ha comprometido conforme a la legislación vigente. En este marco, resulta esencial que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establezca normativas que sean coherentes y alineadas con dichas expectativas internacionales.
Además, Asbanc sugiere que para gestionar adecuadamente el nuevo impuesto, se debe llevar a cabo un profundo análisis de los sistemas de pago a nivel internacional y revisar casos exitosos de implementación de este tipo de impuestos en otros países de la región. La asociación resalta que el objetivo es asegurar que la recaudación fiscal a través del IGV no impacte de manera negativa y excesiva a los consumidores, importadores o vendedores peruanos.
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Por último, Asbanc subraya la importancia de que las empresas no domiciliadas que operen en el mercado peruano cumplan con sus obligaciones fiscales, tal como se espera de los contribuyentes nacionales. Este enfoque no solo debe adaptarse a las realidades del comercio digital, sino que también debía integrar criterios que garanticen una competencia justa y equitativa en el sector, donde todos los actores, independientemente de su ubicación fiscal, cumplan con las mismas obligaciones tributarias. En este sentido, la asociación mantendrá su compromiso de dialogar y contribuir con el desarrollo de un marco regulatorio que sea efectivo y claro, para el bienestar del sistema financiero y de la economía peruana en su conjunto.
