Los gremios que suscriben advierten que el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Comunicaciones (Decreto Supremo N° 023-2024-MTC) recientemente aprobado obstaculiza gravemente la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, el plan del MTC para iniciar el desarrollo de redes 5G, así como los procesos de renovación tecnológica, por ende, será una barrera para la mejora de la calidad, cobertura e innovación en el sector; por las siguientes razones:
El marco normativo de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, dado a través de la vigente Ley 29022 ha sido un ejemplo de impulso a la conectividad en la Región, porque permitió la aprobación automática de solicitudes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sin perjuicio de los procesos de control posterior. Sin embargo, este nuevo reglamento ambiental cambia la política vigente y hace retroceder al sector más de una década, al exigir una evaluación previa y con silencio negativo para el despliegue de todo tipo de infraestructura de telecomunicaciones esté ubicada en área urbana o rural. Eso ralentizará injustificadamente los proyectos de telecomunicaciones, incrementará los costos para llevar internet a los peruanos y generará una burocracia excesiva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC.
A ello se suma la exigencia incorporada para que gran parte de los proyectos de telecomunicaciones ya implementados, deban de pasar por los nuevos trámites y requisitos establecidos en el Reglamento, generándose una situación de aplicación retroactiva en perjuicio del administrado y un gran cuello de botella en la administración pública, dado que el MTC ha manifestado que no cuenta con capacidad para revisar oportunamente las solicitudes de permisos ambientales, lo que retrasará aún más el despliegue de conectividad.
Nuestros gremios y sus empresas asociadas reiteran su compromiso con el cumplimiento de los estándares ambientales, acordes a la dinámica del sector, pero antes de crear este tipo de cargas innecesarias, debió considerarse que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones no ha demostrado causar impactos ambientales negativos significativos, como tampoco lo ha podido acreditar el informe que sustenta la creación de este reglamento. Esta norma incumple además, lo dispuesto en la Ley 31809, Ley para el Fomento de un Perú Conectado, que exige la realización de un análisis de impacto regulatorio exhaustivo, para toda norma que tenga por objeto regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para la conectividad en banda ancha.
El sector ha mostrado avances significativos los últimos años, como el crecimiento de la fibra óptica de 13.400 km en 2013 a 81.000 km en 2022, y el aumento del 145% en antenas 4G desde 2017. Todo ello ha sido clave para que los peruanos estén más conectados. Sin embargo, estas mejoras se ven amenazadas por este reglamento. No podemos detener el despliegue y la dinámica del sector en eternas evaluaciones que van a impedir que los hogares peruanos y las empresas sean atendidos oportunamente.
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A pesar de lo avanzado:
- El 54,2% de los hogares en el país carecen de Internet fijo, siendo esta cifra aún más alarmante en las zonas rurales, donde alcanza el 86,5%.
- Regiones como Loreto (4.5%), Amazonas (5%) y Huánuco (15.6%) presentan los niveles más bajos de conectividad.
- Según el propio MTC, se necesitan 33.535 antenas (55% de la brecha) adicionales para alcanzar los objetivos al 2025, sin considerar la implementación de 5G.
- El 54.2% de hogares a nivel nacional no tienen acceso a internet fijo. La situación es más grave en el ámbito rural, donde el 86.5% no cuentan con este servicio. Perú estaba próximo a culminar las medidas para la masificación del 5G. Esta norma pone en riesgo esa meta, clave para la mejora del Internet y el desarrollo tecnológico del país.
Hacemos un llamado urgente al Poder Ejecutivo para derogar esta normativa y priorizar políticas públicas que fomenten la conectividad, impulsando el cierre de la brecha de conectividad y la digital, en beneficio de todos los peruanos, especialmente de aquellos que habitan en zonas rurales. Particularmente, se encuentra pendiente la creación ventanilla única digital para acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional dispuesta en la Ley 31809.
