Las restricciones comerciales en España afectan gravemente al sector minorista
En los últimos años, el sector comercial en España ha enfrentado una serie de desafíos regulatorios que dificultan el crecimiento y la competitividad de las empresas. Una de las organizaciones que ha alzado la voz sobre este problema es la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que denuncia las restricciones impuestas por las comunidades autónomas y su impacto en la unidad de mercado. Estas barreras, según Anged, limitan la libertad de horarios, imponen impuestos adicionales a los grandes establecimientos y crean obstáculos administrativos para la apertura de nuevas tiendas, generando un entorno comercial desigual que frena el desarrollo del sector.
El concepto de unidad de mercado se refiere a la existencia de un marco regulatorio común que permita a las empresas operar libremente en todo el territorio de un país sin enfrentar restricciones o barreras locales. En teoría, España debería contar con una unidad de mercado fuerte, pero la realidad es muy diferente. La fragmentación regulatoria entre las comunidades autónomas ha dado lugar a un mosaico de normativas que varían significativamente de una región a otra, afectando principalmente al comercio minorista.
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En este contexto, Anged ha elaborado un informe que expone las principales problemáticas que enfrentan las empresas comerciales debido a la falta de una unidad de mercado en España. Según este análisis, España es uno de los países más restrictivos de la Unión Europea (UE) en términos de comercio minorista, solo superada por naciones como Alemania y Austria en lo que respecta a la libertad de horarios y por Francia y Portugal en lo que se refiere a la carga fiscal.
Uno de los aspectos más problemáticos es la disparidad de criterios autonómicos. Mientras que algunas comunidades han optado por flexibilizar sus normativas comerciales, otras han mantenido restricciones que dificultan la actividad de las empresas. Por ejemplo, en términos de horarios comerciales, solo la Comunidad de Madrid y Ceuta permiten una libertad total, mientras que en la mayoría del territorio nacional las tiendas deben cerrar en domingos y festivos, a excepción de aquellas ubicadas en zonas de gran afluencia turística. Esto contrasta con la realidad del comercio electrónico, que opera de manera ininterrumpida los siete días de la semana, lo que coloca a las tiendas físicas en una clara desventaja competitiva.
Por otro lado, el informe de Anged destaca que cinco comunidades autónomas aplican un Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC), lo que supone una carga fiscal adicional para las grandes superficies. Si bien algunas regiones, como la Comunidad Valenciana, han anunciado su intención de no aplicar este impuesto en 2025, otras como Aragón mantienen el gravamen, aunque han dado pasos para reducir su impacto.
El problema de la regulación no se limita solo a los horarios y la fiscalidad. Anged también denuncia las restricciones que algunas comunidades imponen a la venta promocional en las tiendas físicas. Según el informe, hasta 11 comunidades autónomas han establecido algún tipo de limitación a las promociones, lo que agrava la situación de las tiendas físicas frente a las grandes plataformas de comercio electrónico, que basan gran parte de su negocio en campañas promocionales continuas.
Otro de los puntos críticos es la apertura de nuevos establecimientos. A pesar de que España se aproxima a la media europea en la lentitud de los procedimientos administrativos para la apertura de nuevas tiendas, en otros aspectos se encuentra por debajo de la media, lo que representa una barrera significativa para el crecimiento del sector. Además, 13 comunidades autónomas exigen una doble licencia (autonómica y municipal) o la superación de controles administrativos similares para la apertura de un nuevo establecimiento comercial. Esto genera un proceso largo y costoso, que en la práctica supone una intervención directa en la configuración de la oferta comercial.
La situación de España en términos de restricciones comerciales ha llamado la atención a nivel europeo. Enrico Letta, ex primer ministro italiano y presidente del Instituto Jacques Delors, ha señalado que el comercio minorista en España enfrenta serios problemas debido a la falta de voluntad política para una mayor integración en el mercado único europeo. Letta sostiene que el proteccionismo localizado, es decir, las barreras regulatorias impuestas por las comunidades autónomas, obstruye la entrada de nuevos competidores al mercado y perjudica tanto a los productores como a los consumidores.
La Comisión Europea también ha destacado al comercio minorista español como uno de los más afectados por la falta de unidad de mercado. Según el organismo, las barreras regulatorias que persisten en muchas comunidades autónomas no solo dificultan la competencia, sino que también limitan el crecimiento de las empresas y la oferta de productos para los consumidores.
Las restricciones comerciales en España tienen un impacto directo tanto en las empresas como en los consumidores. Para las grandes cadenas de distribución, como las que representa Anged, las diferencias regulatorias entre comunidades generan un aumento en los costos operativos y una menor eficiencia. Además, la fragmentación del mercado dificulta la expansión de las empresas, que deben adaptarse a normativas distintas en cada región donde operan.
Por su parte, los consumidores también se ven perjudicados. Las restricciones a los horarios comerciales limitan las opciones de compra, especialmente en domingos y festivos, mientras que las barreras a la competencia reducen la oferta de productos y servicios. Asimismo, la imposición de impuestos adicionales a los grandes establecimientos comerciales puede traducirse en un aumento de los precios, afectando negativamente a los consumidores.
Ante este panorama, Anged ha instado al gobierno español a tomar medidas para reforzar la unidad de mercado y reducir las barreras regulatorias que afectan al sector comercial. Entre las propuestas de la organización se incluye la eliminación de los impuestos específicos para los grandes establecimientos comerciales, la flexibilización de los horarios de apertura y la simplificación de los procedimientos administrativos para la apertura de nuevas tiendas.
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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha anunciado recientemente la creación de un “Régimen 18” como parte de una estrategia para impulsar la unidad de mercado en varios sectores, incluido el comercio. Sin embargo, queda por ver si estas medidas serán suficientes para resolver los problemas que enfrenta el sector minorista en España.
Las restricciones comerciales en España, derivadas de la fragmentación regulatoria entre comunidades autónomas, están afectando gravemente al sector minorista, generando un entorno desigual que perjudica tanto a las empresas como a los consumidores.
