Europa obligará a España a cambiar las indemnizaciones por despido improcedente
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido un fallo en el que critica la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente, considerando que estas «no son disuasorias ni reparatorias». Este fallo, adelantado por el sindicato UGT, tiene carácter vinculante para el Gobierno español y requiere una revisión de la normativa para garantizar una compensación justa para los trabajadores afectados.
El contexto del fallo
El fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales se basa en el artículo 24 de la Carta Social Europea, que establece el derecho de todos los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que el fallo se hará público el próximo lunes y que obligará al Gobierno español a revisar la regulación actual para cumplir con los estándares europeos.
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El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que la situación actual en España es “inaceptable”. Las indemnizaciones medias por despido improcedente rondan los 9.000 euros, lo cual, según Luján, “no tiene carácter disuasorio ni restaurador”. Esta cifra representa una reducción significativa en comparación con el monto que se percibía antes de la reforma laboral de 2013, que rebajó la indemnización de 45 a 33 días por año trabajado y eliminó los salarios de tramitación.
Impacto de la reforma laboral de 2013
La reforma laboral de 2013 supuso una rebaja considerable en las indemnizaciones por despido improcedente, con una reducción de más del 50% en comparación con la normativa anterior. Además, la eliminación de los salarios de tramitación, que cubren el período entre el despido y la sentencia del juez, agravó la situación. En casos con antigüedad de 4 o 5 años, la reducción en la indemnización puede llegar a casi el 60%.
Luján ha criticado que, con la legislación actual, “despedir sin causa sale demasiado fácil”, lo que, a su juicio, fomenta el uso arbitrario del despido. El Comité Europeo considera que la indemnización debe ser suficiente para cubrir los daños causados al trabajador desde el despido hasta la compensación, y que los plazos de espera deben ser más cortos para asegurar una protección efectiva.
Posibles cambios en la legislación
El fallo del Comité Europeo podría abrir la puerta a la recuperación de las indemnizaciones anteriores de 45 días por año trabajado y la reinstauración de los salarios de tramitación. Además, se podría exigir una agilización de los trámites en los juzgados para reducir el tiempo que tarda en resolverse un caso de despido improcedente.
UGT espera que el Gobierno español adapte la legislación en el marco del diálogo social. Según Álvarez, sería ideal que el ajuste se realice mediante un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, en lugar de una imposición directa de los tribunales. Sin embargo, UGT ha recordado que varias sentencias en España, aplicando la Carta Social Europea, ya han elevado las cuantías de las indemnizaciones, multiplicándolas en algunos casos por 60 veces el monto inicialmente abonado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que llevará la reforma del despido a la mesa de diálogo social. Díaz ha asegurado que el Gobierno abordará esta cuestión con “absoluta tranquilidad”, subrayando que el despido no debe ser visto como un problema en sí mismo, sino como una cuestión que debe tratarse con la debida seriedad.
La ministra ha recordado que el compromiso de revisar la legislación sobre despidos era parte del acuerdo del Gobierno de coalición. Sin embargo, también ha destacado que la legislación actual no debería ser un obstáculo para la contratación, sino que debe garantizar que el despido sea la última opción en un proceso laboral.
Impacto en el mercado laboral y en la negociación colectiva
El fallo del Comité Europeo y la posible revisión de la legislación podrían tener un impacto significativo en el mercado laboral español. La adaptación de la normativa para cumplir con los estándares europeos podría contribuir a una mayor protección de los trabajadores y a un equilibrio más justo en las relaciones laborales.
Desde la perspectiva de los empresarios, la reforma podría ser vista como una medida para garantizar un mayor equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades operativas de las empresas. Sin embargo, también se prevé que pueda generar preocupaciones sobre el aumento de los costos asociados al despido y la posible influencia en la contratación.
En este contexto, el diálogo social se presenta como un escenario crucial para abordar las reformas necesarias y encontrar soluciones que satisfagan tanto a empleadores como a empleados. La colaboración entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal será fundamental para asegurar una adaptación efectiva de la legislación y evitar conflictos innecesarios.
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El fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales y su impacto en la legislación española sobre despidos improcedentes subraya la necesidad de una revisión crítica de la normativa actual. La posibilidad de recuperar las indemnizaciones anteriores y reinstaurar los salarios de tramitación podría ofrecer una mayor protección a los trabajadores y contribuir a una mayor equidad en el mercado laboral.
El diálogo social y la negociación colectiva serán esenciales para abordar los desafíos que presenta esta situación y para garantizar que los cambios legislativos beneficien tanto a los empleados como a los empleadores. En última instancia, la adaptación de la legislación debe buscar un equilibrio que respete los derechos de los trabajadores mientras fomente un entorno laboral justo y eficiente.
