Consumo investiga la correcta aplicación de la reducción del IVA en supermercados españoles
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una investigación para determinar si las principales cadenas de supermercados e hipermercados están aplicando correctamente la reducción del IVA en productos esenciales, como el aceite de oliva, frutas y verduras, y si estos descuentos fiscales se reflejan efectivamente en los precios finales para los consumidores. La iniciativa surge en respuesta a diversas denuncias recibidas por la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, que apuntan a un posible aumento de los márgenes de beneficio de los distribuidores en lugar de trasladar la rebaja fiscal a los precios de venta.
El escudo social implementado por el gobierno para mitigar el impacto económico generado por la escalada de precios tras la invasión rusa en Ucrania incluyó la rebaja del IVA en alimentos esenciales. Sin embargo, existen sospechas de que algunos supermercados podrían estar aprovechando esta medida para aumentar sus márgenes de beneficio en lugar de beneficiar a los consumidores. En este contexto, el Ministerio de Consumo ha iniciado esta investigación con el objetivo de garantizar que el beneficio fiscal realmente llegue a los consumidores finales.
Las cadenas de supermercados e hipermercados objeto de la investigación han sido requeridas para proporcionar información detallada sobre los precios de venta de los productos afectados por la reducción del IVA, así como datos sobre la evolución de sus márgenes comerciales y estructura de costes. Esta primera fase de la investigación busca determinar si ha habido un aprovechamiento indebido de la rebaja del IVA para aumentar los beneficios de los distribuidores en perjuicio de los consumidores.
La legislación vigente prohíbe expresamente que la reducción del IVA se traduzca en un aumento de los márgenes de beneficio de las empresas. Según la normativa, el propósito de esta medida es reducir el precio final de los alimentos para los consumidores. En caso de detectarse incumplimientos, las empresas podrían enfrentarse a sanciones que van desde los 100.000 euros hasta seis veces el beneficio obtenido ilícitamente en casos más graves, según lo establecido en el artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Esta iniciativa del Ministerio busca promover una mayor transparencia y claridad en la formación de precios de los alimentos, alineándose con los objetivos de protección al consumidor y eficacia de las políticas públicas. Además, refleja el compromiso del Gobierno en su lucha contra la inflación y su apoyo a la economía familiar en momentos de incertidumbre.
La investigación, que se lleva a cabo en el marco de la extensión temporal del tipo impositivo reducido sobre ciertos alimentos hasta junio de este año, tiene como objetivo asegurar que los beneficios de las políticas fiscales lleguen efectivamente a los consumidores y fortalecer la confianza en las medidas gubernamentales diseñadas para proteger al ciudadano frente a fluctuaciones económicas adversas. En definitiva, se espera que esta investigación contribuya a garantizar que los consumidores obtengan el máximo beneficio posible de las medidas destinadas a aliviar su carga financiera.
