El sector de grandes superficies comerciales en España experimenta una presión fiscal sin precedentes que está impactando significativamente sus operaciones y capacidad de inversión. Según el último informe de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), empresas emblemáticas como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Ikea y Fnac han visto un aumento de casi el 40% en su carga impositiva desde 2019, alcanzando un total de 5.264 millones de euros en 2024. Mientras que la facturación de estas empresas ha crecido un modesto 16% en el mismo periodo, acumulando 47.946 millones de euros, queda evidente que la recaudación fiscal está superando el crecimiento de las ventas, lo que pone en riesgo los márgenes de beneficio y, en última instancia, la creación de nuevos empleos.
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El sistema tributario en España incluye una serie de impuestos acumulativos que afectan considerablemente al sector. No solo se gestionan impuestos corporativos y de la seguridad social, sino que también se suman tributos autonómicos y locales, así como tasas específicas que varían según la comunidad autónoma. En particular, el Impuesto a los Grandes Establecimientos Comerciales se ha convertido en un foco de atención, dado que su aplicación se extendió recientemente a varias regiones, aunque su introducción en Comunidad Valenciana fue cancelada por el actual gobierno. Esta variedad y aumento en la presión fiscal se sitúan en un contexto donde la OCDE ha señalado que España tiene una de las tasas de tributación más altas entre los países desarrollados, alcanzando el 37,3% del PIB, en comparación con el promedio del 33,9% de otros miembros del organismo.
La contribución del sector a la economía española es indiscutible. En la última década, las empresas asociadas a Anged han aportado más de 101.000 millones de euros, lo que incluye impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social y salarios de sus trabajadores. Sin embargo, el creciente nivel de tributación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo. Las empresas se ven obligadas a optimizar sus márgenes, lo que puede resultar en reducción de costos, recortes de personal o una disminución en la inversión en expansión y modernización. En un entorno donde la competencia es feroz, el incremento de los costos fiscales puede desincentivar la innovación y limitar la capacidad de las grandes superficies para adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.
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Este escenario sugiere que las políticas fiscales deben ser revisadas para equilibrar las necesidades de recaudación del Estado con la capacidad del sector de generar empleo y crecimiento. Si bien es vital que las grandes empresas contribuyan a las arcas públicas, esta carga debe manejarse con cuidado para no socavar su viabilidad y competitividad. La situación actual invita a un diálogo constructivo entre las autoridades fiscales y las empresas sobre la forma de estructurar un sistema tributario que fomente el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en el sector de distribución.
