Impacto de los impuestos a alimentos ultraprocesados en el comportamiento del consumidor, en un intento por abordar los desafíos de salud pública relacionados con el consumo de alimentos ultraprocesados, Colombia implementó la Ley 2277 de 2022, estableciendo lo que se ha denominado «impuestos saludables» sobre ciertos productos.
Estos impuestos se aplican a bebidas azucaradas ultraprocesadas y alimentos ultraprocesados con altos niveles de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Sin embargo, esta medida ha generado un impacto significativo en el comportamiento del consumidor y en las dinámicas del mercado.
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Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), estos impuestos progresivos comenzaron con una tasa del 10% en 2023, aumentaron al 15% en el año actual y se espera que alcancen el 20% a partir de 2025. Esta escalada en las tasas impositivas ha puesto una presión adicional sobre la capacidad de compra de los consumidores colombianos, lo que ha llevado a un cambio en sus patrones de consumo.
Las cifras de la firma de estudio de mercados Kantar revelan que, desde 2021, ha habido una disminución del 5% en el volumen de productos de consumo masivo afectados por estos impuestos. Además, productos como el té líquido, la leche saborizada y los chocolates y chocolatinas han experimentado una reducción en las ventas de hasta el 20% desde la implementación de la ley.
La conferencia de inversionistas del grupo Nutresa ofreció una visión aún más detallada de cómo estos impuestos están afectando a las empresas. El presidente Carlos Ignacio Gallego informó que los impuestos saludables impactan a una amplia gama de productos de la compañía, con reducciones significativas en las ventas en categorías como helados, chocolates, embutidos y galletas.
Uno de los efectos más notables de estos impuestos es el cambio en las preferencias de compra de los consumidores. Muchos han optado por dejar de adquirir productos gravados con impuestos saludables o han reducido su consumo de estos artículos. Esta tendencia ha llevado a un aumento en la demanda de marcas más económicas y a una disminución en la frecuencia de compra de productos afectados.
John Studerus, gerente de analítica avanzada en Kantar, señala que esta adaptación en los patrones de consumo también está afectando a marcas que no están sujetas a estos impuestos. La competencia por la atención y el gasto del consumidor se intensifica a medida que las familias redistribuyen sus presupuestos para compensar el aumento en el costo de los alimentos y bebidas gravados.
Otra consecuencia interesante de estos impuestos es el surgimiento de nuevas marcas y productos en el mercado. La búsqueda de alternativas más económicas y saludables ha dado lugar a un aumento del 1% en la participación de mercado de marcas emergentes desde la implementación de los impuestos. Sin embargo, esto también ha generado desafíos para las empresas establecidas que ahora enfrentan una mayor competencia en un mercado más fragmentado.
En cuanto al funcionamiento específico de estos impuestos, la DIAN ha establecido criterios claros para determinar qué productos están sujetos a las tasas impositivas. Para las bebidas azucaradas, el impuesto se calcula en función de la cantidad de azúcares añadidos por cada 100 mililitros de bebida. Para los alimentos ultraprocesados, se tienen en cuenta los niveles de azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas, con diferentes criterios de evaluación para cada uno.
A pesar de las controversias y desafíos asociados con estos impuestos, muchos defensores de la salud pública los ven como una herramienta efectiva para combatir la epidemia de obesidad y enfermedades relacionadas con la dieta. Sin embargo, es crucial que se evalúen continuamente los impactos sociales, económicos y de salud de estas medidas para garantizar que se logren los objetivos deseados sin causar daños colaterales no deseados.
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Los impuestos a los alimentos ultraprocesados están remodelando el paisaje del consumo en Colombia y plantean importantes desafíos para las empresas y los consumidores por igual. A medida que el país continúa explorando formas de abordar los problemas de salud pública relacionados con la dieta, es fundamental encontrar un equilibrio entre la promoción de hábitos alimenticios más saludables y la protección de la economía y el bienestar de los ciudadanos.
