Walmart Chile ha encendido nuevamente el debate en torno a la «permisología» en el país. A través de una carta al director y una columna publicada en El Mercurio, Cristián Barrientos Pozo, CEO de la compañía, lanzó una dura crítica al entramado burocrático que obstaculiza la ejecución de proyectos de inversión. Esta advertencia, lejos de ser una simple declaración corporativa, refleja un problema estructural que afecta no solo al retail, sino a múltiples sectores de la economía chilena.
En diciembre de 2024, Walmart anunció un ambicioso plan de expansión que contempla una inversión de 1.300 millones de dólares en los próximos años. La iniciativa incluye la apertura de 70 nuevos supermercados —con énfasis en regiones fuera de Santiago—, la modernización de centros logísticos y la generación de más de 6.000 puestos de trabajo. Sin embargo, ese impulso económico está siendo puesto en pausa por una realidad cada vez más común: los permisos municipales y la excesiva burocracia.
Según explica Barrientos, lo que debería ser un proceso expedito, que tome aproximadamente un año desde el inicio de obras hasta la apertura de una tienda, se ha transformado en un trámite que puede extenderse hasta tres años debido a la «permisología». Esta situación está afectando no solo a Walmart, sino también a toda la cadena de suministro, al empleo local y a la inversión en infraestructura crítica para el abastecimiento.
¿Qué es exactamente la «permisología»?
La «permisología» hace referencia al cúmulo de autorizaciones, revisiones técnicas, consultas y requisitos normativos que deben cumplirse para concretar un proyecto. Esto incluye desde permisos de construcción municipales, informes de impacto ambiental, hasta autorizaciones sectoriales en ámbitos como transporte, sanidad o seguridad.
El problema, según plantea Walmart y muchas otras empresas, no es la existencia de regulaciones —necesarias para garantizar el orden urbano y la protección ambiental—, sino la falta de estandarización, eficiencia y certeza jurídica. Cada comuna puede tener criterios distintos, lo que genera incertidumbre, demoras y costos adicionales.
Walmart alza la voz: Necesidad de un marco regulatorio más claro
En su carta al director, titulada “Permisología: tarea pendiente”, Barrientos va más allá del diagnóstico y plantea propuestas concretas. Una de las más destacadas es el regreso de la invariabilidad regulatoria, una figura que había sido incluida inicialmente en el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, pero que fue retirada durante su tramitación en el Senado.
“La invariabilidad regulatoria otorga certeza, estimula la inversión y contribuye al crecimiento económico”, afirma el ejecutivo. Según explica, es fundamental que las reglas no cambien durante el desarrollo de un proyecto, ya que las modificaciones normativas a mitad del camino afectan gravemente la planificación y ejecución de obras.
Esta propuesta cobra especial relevancia en un contexto en que muchas empresas deben enfrentarse a cambios en los requisitos legales o interpretaciones normativas que se actualizan una vez iniciado el proceso de aprobación. Eso se traduce en re-diseños, nuevas solicitudes y más tiempo de espera, lo que frena el desarrollo económico local.
Uno de los principales obstáculos que destaca Walmart es la falta de criterios homogéneos entre las distintas municipalidades del país. Lo que en una comuna es aprobado rápidamente, en otra puede tardar meses o incluso años, debido a interpretaciones distintas de normativas similares. Este fenómeno, que responde a la descentralización administrativa, introduce un alto grado de incertidumbre que afecta la inversión privada.
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Si bien la descentralización tiene como objetivo acercar la toma de decisiones a las realidades locales, también puede dificultar la implementación de proyectos a escala nacional. Para una compañía como Walmart Chile, que busca abrir supermercados en diversas regiones del país, esta heterogeneidad se traduce en una complejidad operativa difícil de sortear.
Desde la visión de la compañía, los proyectos que están siendo detenidos no son megaproyectos industriales ni iniciativas altamente contaminantes. Se trata, en su mayoría, de supermercados, centros logísticos y edificaciones que cumplen una función directa en las comunidades donde se instalan: generación de empleo, acceso a bienes esenciales, dinamización del comercio y aumento de la actividad económica local.
Barrientos sostiene que limitar la invariabilidad regulatoria solo a proyectos que pasen por una evaluación ambiental sería un error. Muchos desarrollos que no requieren dicha evaluación también generan un alto impacto social y económico. Por eso, aboga por un marco regulatorio que no discrimine en función del tipo de proyecto, sino que facilite su ejecución bajo condiciones justas y claras.
Pese a las dificultades, Walmart ha reafirmado su compromiso con Chile. El plan de inversión a cinco años se mantiene en pie, y la compañía asegura que continuará buscando expandir su presencia a nivel nacional. Esta expansión no solo busca aumentar la cobertura comercial, sino también reforzar la red logística y profundizar su conexión con las comunidades locales.
En línea con sus objetivos de sostenibilidad, Walmart busca que esta expansión sea también un aporte al desarrollo urbano, económico y social del país. De ahí la urgencia de contar con un sistema regulatorio que no actúe como un freno, sino como un catalizador para las inversiones que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas.
¿Qué propone Walmart Chile y otros actores del sector?
La propuesta de Walmart no está aislada. Diversos gremios y organizaciones del mundo empresarial han venido pidiendo hace años una revisión estructural del sistema de permisos. Algunas de las ideas que hoy circulan en el Congreso y en espacios técnicos son:
- Implementación de ventanillas únicas digitales, para reducir la dispersión de trámites.
- Definición de plazos máximos y perentorios para la entrega de permisos, con mecanismos de silencio administrativo positivo.
- Establecimiento de criterios nacionales unificados, especialmente para proyectos de infraestructura básica.
- Reforma legal para reponer la invariabilidad regulatoria, que dé seguridad a los inversionistas y permita planificar a largo plazo.
- Estas medidas, bien implementadas, permitirían reducir la carga burocrática, aumentar la eficiencia del aparato estatal y al mismo tiempo mantener los estándares de fiscalización y transparencia.
Uno de los temores que surgen en torno a la simplificación de permisos es que se reduzcan los estándares de control y supervisión, especialmente en áreas sensibles como el medio ambiente, la seguridad pública o la planificación urbana. Sin embargo, los expertos coinciden en que eficiencia y regulación no son conceptos incompatibles. De hecho, países con normativas estrictas han logrado implementar sistemas ágiles y tecnológicos que permiten avanzar con rapidez sin sacrificar calidad ni legalidad.
Chile se enfrenta hoy al desafío de modernizar su institucionalidad sin perder su capacidad de control. Para lograrlo, será fundamental escuchar tanto a los actores públicos como a las empresas que están en terreno lidiando con estas trabas todos los días.
Lo que a simple vista parece un tema técnico o burocrático, en realidad tiene implicancias profundas para el desarrollo del país. La «permisología», cuando se vuelve ineficiente y excesiva, se convierte en un obstáculo para la inversión, la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de miles de chilenos.
El llamado de Walmart Chile no es una queja aislada, sino una alerta que debería resonar en el Congreso, en los municipios y en todos los espacios donde se toman decisiones regulatorias. Chile necesita urgentemente un sistema de permisos que combine rigurosidad con agilidad, y que permita avanzar en la construcción de un país más próspero, descentralizado e inclusivo.
