Sernac demanda a InterChile y Transelec por apagón histórico
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha tomado medidas legales contra las empresas InterChile y Transelec debido a su presunta responsabilidad en el apagón masivo ocurrido el 25 de febrero. Este incidente afectó a miles de usuarios en distintas regiones del país, generando un aluvión de reclamos y cuestionamientos sobre la gestión del suministro eléctrico.
Motivos de la demanda colectiva
La decisión del Sernac de interponer esta demanda colectiva se sustenta en más de 13.100 reclamos presentados por consumidores afectados, de los cuales un 75% están dirigidos a empresas del sistema eléctrico, incluyendo generadoras, transmisoras y distribuidoras.
Además, la acción judicial se basa en el Estudio de Análisis de Falla elaborado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Este informe concluyó que InterChile y Transelec fueron directamente responsables tanto del origen del apagón como de la propagación de la falla y las deficiencias en la recuperación del servicio.
Sanciones y compensaciones exigidas
El objetivo del Sernac con esta demanda es que la justicia aplique las sanciones más severas posibles contra ambas empresas, además de obligarlas a compensar económicamente a los consumidores por los daños ocasionados. Se busca que se reconozca el impacto no solo en bienes materiales, sino también en el bienestar de los afectados.
Según Andrés Herrera, director nacional del Sernac, el evento tuvo graves consecuencias, pues no solo dejó a miles de hogares sin electricidad, sino que también afectó servicios de telecomunicaciones, transporte, conservación de alimentos y medicamentos, e incluso la salud emocional de las personas.
«Sabemos que ninguna indemnización podrá compensar completamente el daño causado. Sin embargo, es fundamental que las empresas responsables asuman su compromiso con la ciudadanía y compensen adecuadamente los perjuicios generados por esta grave situación», enfatizó Herrera.
Principales quejas de los consumidores
De los más de 9.000 reclamos dirigidos a empresas eléctricas, una parte importante ha sido gestionada en conjunto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
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Los reclamos se desglosan de la siguiente manera:
3.164 casos fueron derivados a la SEC, ya que estaban relacionados con daños en electrodomésticos debido a cambios de voltaje.
5.894 reclamos se centraron en pérdidas económicas y afectaciones personales, incluyendo:
Problemas de transporte.
Pérdida de alimentos y medicamentos.
Daños emocionales causados por la interrupción prolongada del servicio.
Estos casos están siendo analizados y derivados a las empresas correspondientes para evaluar posibles compensaciones.
Contexto del apagón y sus consecuencias
El corte masivo de electricidad del 25 de febrero dejó a gran parte del país sin suministro por varias horas. La interrupción afectó no solo a hogares y comercios, sino también a servicios esenciales como hospitales, redes de telecomunicaciones y sistemas de transporte público.
Desde entonces, diversas entidades han exigido explicaciones y medidas para prevenir futuros incidentes. Sin embargo, el informe del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) determinó que la falla se originó en el sistema de transmisión, recayendo la responsabilidad en InterChile y Transelec.
Reacciones de las empresas implicadas
Hasta el momento, InterChile y Transelec no han emitido declaraciones oficiales sobre la demanda presentada por el Sernac. No obstante, en comunicados previos, ambas empresas han argumentado que el sistema eléctrico en Chile enfrenta desafíos estructurales y que el apagón fue un evento excepcional.
Las autoridades esperan que la acción judicial no solo determine las responsabilidades, sino que también sirva como un precedente para mejorar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico en el país.
El apagón del 25 de febrero evidenció vulnerabilidades en la infraestructura eléctrica y desató una ola de reclamos que hoy derivan en una acción legal contra InterChile y Transelec. Con esta demanda colectiva, el Sernac busca garantizar que las empresas asuman su responsabilidad y compensen a los miles de usuarios afectados.
A medida que avancen las investigaciones y el proceso judicial, será clave observar qué medidas adoptarán las autoridades para fortalecer el sistema eléctrico y evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el futuro.
