El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha reingresado a Contraloría el reglamento que permitirá implementar la Ley 21.553, conocida como “Ley Uber”. Este avance pretende regular las aplicaciones de transporte de pasajeros y delivery, pero ha generado una fuerte reacción por parte de las empresas del sector, que advierten que las medidas propuestas podrían dejar fuera del sistema al 40% de los conductores, afectando la calidad del servicio, los costos de los viajes y, en última instancia, el empleo.
Vea también: InDrive arremetió contra el reglamento de la «ley Uber»
A pesar de las reuniones realizadas durante 2024 con empresas y gremios, las aplicaciones, agrupadas en Alianza In, liderada por Marcela Sabat, consideran que el reglamento carece de dinamismo y no se ajusta a la realidad de la industria. Entre las principales preocupaciones figura el requisito de antigüedad y cilindrada de los vehículos, que permanece inalterado y podría dejar a cerca de 60.000 familias sin ingresos. Esta situación, advierten, congelaría el parque automotriz y limitaría la disponibilidad de conductores.
Controversia por la ley Uber
La disparidad en las exigencias entre los vehículos de aplicaciones y los taxis es otro punto de conflicto. Mientras que los taxis tienen una antigüedad máxima de operación de 14 años en Santiago y 16 en regiones, los automóviles de aplicaciones solo pueden tener hasta 12 años. Además, no se ha definido con claridad qué vehículos cumplirían los requisitos técnicos equivalentes, lo que genera incertidumbre entre los conductores que desean renovar sus autos.
Otro aspecto controvertido es el proceso de reemplazo de vehículos en el Registro de Vehículos Motorizados, considerado restrictivo por los gremios. Este proceso exige que el nuevo automóvil ocupe el mismo cupo que el anterior y sea inscrito en un plazo de 18 meses, lo que podría reducir la cantidad de conductores disponibles en una industria en constante evolución.
El descontento también se extiende a las exigencias en electromovilidad. El reglamento establece una potencia mínima de 70 kW para los vehículos eléctricos, dejando fuera opciones más asequibles que no contaminan y están llegando al mercado chileno en gran cantidad. Esta medida, argumentan, contradice el impulso hacia tecnologías más limpias y sostenibles.
Las aplicaciones han manifestado preocupación adicional por el manejo de datos personales. El reglamento solicita información considerada excesiva, como el género de pasajeros y conductores, un requisito que había sido eliminado en versiones anteriores pero que ahora ha sido reintroducido. Según las empresas, esto excede la finalidad del reglamento y podría vulnerar derechos de privacidad.
Ante este panorama, las aplicaciones han decidido presentar nuevas observaciones a Contraloría para retrasar la aprobación del reglamento y defender a miles de conductores que dependen de estas plataformas para complementar sus ingresos. Las empresas advierten que, de no realizar ajustes, la implementación de la ley podría aumentar el desempleo en más de medio punto porcentual y limitar las opciones de movilidad en el país.
Vea también: Impacto del cierre de operaciones de Cabify en México
Mientras el Ministerio de Transportes insiste en que los cambios fueron discutidos en mesas de trabajo y consultas públicas, las aplicaciones desmienten que estas instancias hayan sido efectivas. Según ellas, los espacios ofrecidos fueron limitados y no permitieron un diálogo real. A medida que la controversia persiste, el futuro de la Ley Uber sigue siendo incierto, y el conflicto entre el gobierno y las aplicaciones continúa escalando.
