Supermercados mayoristas ponen freno a subas de precios sin justificación
En un contexto donde la estabilidad económica aún es frágil y el consumo masivo enfrenta una prolongada recesión, la Cámara Argentina de Supermercados Mayoristas (CASMA) ha adoptado una postura firme frente a las recientes intenciones de aumento de precios por parte de grandes proveedores. La entidad, que representa a importantes compañías del sector como Diarco, Makro, Maxiconsumo, Nini, Vital y Yaguar, emitió un comunicado oficial en el que deja claro que no validará listas de precios con ajustes injustificados.
La decisión se produce luego de que reconocidas firmas proveedoras, entre ellas Molinos, Unilever y SC Johnson, intentaran aplicar incrementos de hasta el 12% en sus productos, en un momento donde la salida del cepo cambiario abrió la puerta a una mayor volatilidad en los valores de referencia. Sin embargo, la respuesta del canal mayorista fue inmediata, rechazando esos ajustes por considerarlos infundados y perjudiciales para el equilibrio del mercado.
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Desde la CASMA subrayan que la prioridad actual es preservar la capacidad de compra de los consumidores y evitar que el proceso inflacionario se profundice por prácticas empresariales especulativas. En palabras de su presidente, Jean Poccard, la intención es “encontrar un punto de equilibrio que permita dinamizar el consumo sin afectar el bolsillo de la población”.
Este posicionamiento no sólo refleja una visión empresarial responsable, sino que también responde a una necesidad estratégica del sector: si los precios se disparan sin justificación objetiva, se corre el riesgo de seguir contrayendo la demanda, algo que la industria de consumo masivo no puede permitirse en una etapa donde las ventas aún no logran repuntar.
Tensiones en la cadena de valor
El rechazo de los mayoristas no surgió de forma aislada. Durante las últimas semanas, la presión también vino desde el Gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó públicamente a las empresas que intentaron subir precios de forma abrupta, advirtiendo sobre las consecuencias que esto podría tener sobre los índices de inflación y sobre la imagen pública del empresariado en general.
Tras esta reacción conjunta del sector público y privado, algunas compañías como Molinos optaron por retroceder en sus pretensiones de aumento, aunque desde la CASMA advierten que podría tratarse de una tregua temporal. El panorama inflacionario, aún con signos de desaceleración, sigue siendo motivo de preocupación para todos los actores del sistema comercial.
El rol clave del canal mayorista
Los supermercados mayoristas cumplen un papel esencial en la cadena de abastecimiento en Argentina. Son un eslabón intermedio entre las grandes industrias proveedoras y los pequeños comerciantes minoristas, almacenes de barrio, autoservicios y, en muchos casos, también los consumidores finales. Por eso, cualquier distorsión en sus precios se traslada rápidamente a toda la economía doméstica.
Al frenar listas de precios con aumentos no sustentados, los mayoristas no solo protegen su propia rentabilidad, sino que también actúan como un amortiguador frente a la inflación de segunda ronda. Es decir, ayudan a contener los efectos multiplicadores que un ajuste excesivo puede generar en cascada sobre otras variables del mercado.
El contexto en el que se da esta disputa es complejo. Las estadísticas del primer trimestre del año reflejan una caída acumulada del 8,6% en el consumo masivo, con 16 meses consecutivos de descenso interanual. Aunque algunas categorías como alimentación y productos perecederos muestran leves signos de recuperación, otros rubros claves como bebidas, higiene, cosmética y limpieza siguen en retroceso.
Frente a este panorama, las subas abruptas de precios se perciben como un factor que puede agravar aún más la situación. No hay margen para errores o excesos: el consumidor promedio ajustó su comportamiento y prioriza las compras esenciales, buscando promociones y productos de menor valor.
La postura de la CASMA no descarta el diálogo con los proveedores. Por el contrario, la entidad ha manifestado su intención de trabajar en conjunto con la industria para encontrar soluciones sostenibles y transparentes. El objetivo es evitar que el sistema de precios se distorsione por prácticas especulativas que, a largo plazo, podrían romper el delicado equilibrio entre oferta y demanda.
Uno de los temas en discusión es cómo definir qué constituye un «aumento justificado». La salida del cepo y las fluctuaciones cambiarias pueden generar ciertas presiones sobre los costos de importación, pero en muchos casos las compañías ya cuentan con stock adquirido a precios anteriores o con márgenes que permiten absorber variaciones sin trasladarlas de inmediato al consumidor.
La presión del consumidor como regulador
En esta nueva etapa del consumo, el cliente ha adquirido un rol protagónico. Informado, exigente y selectivo, prioriza la relación precio-calidad y compara constantemente antes de tomar decisiones de compra. Esta actitud obliga a todos los actores de la cadena a ajustar sus políticas comerciales, y a sostener niveles de competitividad que les permitan mantenerse relevantes.
El canal mayorista, en particular, se ha vuelto una opción cada vez más valorada por consumidores que buscan ahorrar comprando en volumen o eligiendo marcas alternativas. Por eso, mantener la confianza y la coherencia en los precios se vuelve fundamental para preservar su posicionamiento.
Los especialistas anticipan que las tensiones entre mayoristas y proveedores podrían intensificarse si la inflación no logra estabilizarse de manera contundente. Aunque los indicadores muestran cierta desaceleración, aún hay incertidumbre sobre el impacto que pueden tener nuevas medidas económicas o eventuales cambios en los costos logísticos y de producción.
Por lo tanto, las mesas de negociación seguirán activas y será clave que prevalezca una lógica de acuerdos racionales, basada en datos concretos y no en expectativas desmedidas. Si bien es natural que las empresas busquen preservar márgenes de rentabilidad, también es fundamental que comprendan que en este momento el consumo necesita estímulos y no nuevos obstáculos.
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La reacción de la Cámara de Supermercados Mayoristas marca un hito en la forma en que el sector privado puede asumir responsabilidades frente a la economía real. Al rechazar aumentos de precios sin respaldo, no solo protege su negocio y el de los minoristas que dependen de ellos, sino que también colabora con el esfuerzo más amplio de estabilización económica.
A medida que el país busca reactivar su economía, será esencial que todos los actores del ecosistema comercial trabajen con una visión de largo plazo, priorizando el diálogo, la transparencia y la colaboración por encima de intereses individuales. Solo así podrá sentarse las bases de una recuperación sostenible, donde el consumo se recupere y las distorsiones se reduzcan al mínimo.
