El aporte obligatorio en empleados de comercio desata una fuerte disputa
La reciente paritaria del gremio de empleados de comercio ha generado una importante controversia en el sector empresarial, que ha dado lugar a un enfrentamiento por un aporte obligatorio que afecta directamente a las empresas. Este conflicto, que involucra a la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), al Gobierno nacional y a entidades empresariales, se centra en la millonaria suma de dinero que se recauda bajo el concepto de «capacitación» de los trabajadores. A continuación, se explican los detalles y las implicancias de esta disputa que está sacudiendo al sector mercantil.
El origen de la controversia se encuentra en un aporte mensual obligatorio que los empleadores deben realizar al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Este aporte, que equivale al 0,50% del salario para la categoría más baja del gremio, se estableció en 2008 con el objetivo de fomentar la capacitación de los empleados de comercio. Sin embargo, la obligatoriedad y el aumento progresivo de este aporte, que se incrementa con cada acuerdo paritario, han despertado fuertes críticas por parte de sectores empresariales.
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Para los meses de septiembre y octubre de 2024, el aporte mensual que deben realizar los empleadores asciende a $4.278,10 por cada trabajador registrado. Según estimaciones, considerando que el gremio mercantil agrupa a más de 1.200.000 afiliados, el INACAP podría llegar a recaudar más de $60 mil millones al año con este concepto. Para muchos empresarios, este aporte es excesivo y no corresponde a una verdadera contraprestación en términos de capacitación.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) ha sido una de las principales voces en contra de este aporte. Según la entidad, la contribución no representa un beneficio real para los empleados, ya que, en muchos casos, los trabajadores no reciben capacitación mensual o nunca la han recibido. CADAM considera que el aporte es una carga económica injustificada para los empleadores y ha solicitado su eliminación o que, al menos, se convierta en un aporte voluntario.
En un comunicado reciente, CADAM expresó su frustración ante la falta de transparencia en la administración de los fondos recaudados por el INACAP. La entidad sostiene que no existe un mecanismo de rendición de cuentas públicas que permita a los empleadores conocer en detalle el destino de los fondos. «Exigimos transparencia, al menos rendiciones de cuentas públicas, porque aportamos todos los meses y nadie nos responde a dónde van esos fondos», afirmó CADAM en su comunicado.
Por su parte, el INACAP y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) han defendido la legitimidad del aporte y su importancia para el sector. Según estas entidades, los fondos recaudados son destinados a programas de formación y actualización profesional que benefician a los trabajadores de comercio, mejorando sus habilidades y competitividad en el mercado laboral. Sin embargo, la falta de información pública sobre el uso de estos fondos ha dejado abierta la puerta a las críticas y el cuestionamiento por parte de los empresarios.
El presidente de la CAME, Alfredo González, junto con otros directivos de la entidad, han destacado que la capacitación es una herramienta fundamental para el desarrollo de los empleados y el crecimiento del sector. No obstante, reconocen que es necesario mejorar los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar una mayor transparencia y confianza en el sistema.
La intervención del gobierno
En medio de esta disputa, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, ha decidido intervenir y analizar la posibilidad de modificar el carácter obligatorio del aporte. Según fuentes cercanas al ministro Federico Sturzenegger, el Ejecutivo está evaluando la posibilidad de que el aporte sea optativo en el futuro, permitiendo a las empresas decidir si desean contribuir o no a la capacitación de sus empleados a través del INACAP.
Esta posible medida ha generado preocupación en la CAME, que ve en el aporte una fuente importante de ingresos para el sostenimiento de sus actividades y programas de formación. La CAME, que agrupa a más de 1.400 cámaras empresariales en todo el país, cuenta con una fuerte presencia política y territorial, lo que le permite tener un peso considerable en las negociaciones y decisiones del sector.
El conflicto en torno al aporte obligatorio tiene implicaciones económicas y políticas significativas. Desde el punto de vista económico, las empresas del sector comercial, especialmente los autoservicios mayoristas y distribuidores, sostienen que el aporte representa una carga financiera que afecta su rentabilidad en un contexto de alta inflación y presión impositiva. Además, señalan que los fondos no se traducen en una mejora real para los empleados, lo que genera una sensación de injusticia.
Desde el punto de vista político, la disputa pone en evidencia las tensiones entre el sector empresarial y el Gobierno nacional, así como las diferencias internas dentro del propio empresariado. Por un lado, están las grandes cámaras empresariales como la CAME, que defienden la continuidad del aporte y su carácter obligatorio. Por otro lado, están cámaras como CADAM, que buscan eliminar o flexibilizar el aporte para aliviar la carga económica sobre sus asociados.
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La resolución de este conflicto no será sencilla y dependerá en gran medida de las decisiones que tome el Gobierno en los próximos meses. Si bien el Ministerio de Trabajo ha mostrado apertura para analizar modificaciones en el sistema de aportes, la presión de las cámaras empresariales y de los gremios podría influir en el resultado final.
Por ahora, los empleadores deben continuar realizando el aporte mensual obligatorio, mientras que CADAM y otras entidades empresariales seguirán presionando para que se elimine o se convierta en un aporte voluntario. La clave estará en encontrar un equilibrio entre las necesidades de capacitación de los trabajadores y la sostenibilidad económica de las empresas en un contexto de incertidumbre.