Brecha salarial de género en Argentina persiste pese a leves mejoras
La desigualdad salarial entre hombres y mujeres continúa siendo una problemática estructural en Argentina, a pesar de las señales de una tímida mejora en los indicadores más recientes. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su informe sobre la Evolución de la Distribución del Ingreso correspondiente al último trimestre de 2024, las mujeres perciben un 26,2% menos que sus pares varones por el mismo trabajo. Este dato, aunque ligeramente mejor que el registrado en 2023 (cuando la brecha era del 27,7%), sigue evidenciando una profunda disparidad en materia de equidad laboral.
El informe del INDEC pone sobre la mesa una cuestión que trasciende la estadística: la inequidad de género en el acceso y la remuneración del trabajo. Aunque la brecha se ha reducido levemente en comparación con años anteriores —llegando a superar el 30% en 2021—, el hecho de que aún represente más de un cuarto del salario promedio continúa siendo alarmante.
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El ingreso mensual promedio de los hombres ronda los 821.496 pesos, mientras que el de las mujeres se sitúa en 586.455 pesos, lo que implica una diferencia nominal de más de 235.000 pesos por mes. Esta desigualdad no se explica únicamente por cuestiones de género, sino también por el tipo de empleo (formal o informal), el nivel educativo, la edad, la ubicación geográfica y la pertenencia a determinados sectores económicos.
Una de las claves para entender la amplitud de la desigualdad es la división entre trabajo formal e informal. Los trabajadores formales —aquellos registrados legalmente— perciben un ingreso promedio de 925.994 pesos, en contraste con los 415.730 pesos que reciben quienes trabajan en condiciones informales. Esta diferencia del 55% marca una de las grietas más profundas del mercado laboral argentino y afecta particularmente a las mujeres, que están sobrerrepresentadas en el empleo informal, especialmente en tareas de cuidado, limpieza, servicios domésticos y trabajos temporales.
El análisis por deciles —un sistema que divide a la población en diez grupos según el nivel de ingresos— permite observar que la desigualdad de género se amplifica en los sectores más vulnerables. Por ejemplo, en el decil 3, las mujeres obtienen apenas un 22% de ingresos laborales, mientras que el 78% restante proviene de ingresos no laborales, es decir, transferencias sociales, subsidios o ayudas informales. Esta proporción revela que gran parte de las mujeres en ese estrato están fuera del mercado formal de trabajo.
En los deciles superiores, la brecha se reduce, pero no desaparece. Incluso en los estratos de mayores ingresos, los hombres continúan percibiendo más que las mujeres, lo que confirma que la inequidad se encuentra presente en todos los niveles, aunque con diferente intensidad. Además, la menor participación femenina en sectores estratégicos y mejor remunerados, como la industria, la tecnología o los cargos ejecutivos, también contribuye a sostener la disparidad.
La discriminación salarial de género no solo se expresa en los montos percibidos, sino también en la segmentación del mercado laboral. Las mujeres tienden a concentrarse en sectores peor remunerados, como los servicios sociales, la docencia, el comercio minorista y el trabajo doméstico. En muchos casos, estos empleos son más precarios, con escasa protección social y limitadas oportunidades de desarrollo profesional.
Esta segmentación está asociada a múltiples factores, entre ellos la división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres la mayor parte de las responsabilidades de cuidado del hogar, niños y personas mayores. La falta de políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad en las tareas del hogar, como licencias parentales igualitarias o guarderías accesibles, perpetúa la desigualdad y restringe la inserción de las mujeres en empleos de calidad.
El informe del INDEC también muestra que el ingreso promedio per cápita del país se ubicó en 442.596 pesos durante el último trimestre de 2024. No obstante, existen marcadas diferencias entre los distintos grupos socioeconómicos:
En el sector bajo, el ingreso promedio fue de 164.354 pesos.
En el sector medio, alcanzó los 400.883 pesos.
En el sector alto, superó el 1.082.641 pesos.
Estas cifras exponen la enorme brecha de ingresos en la población y muestran que la desigualdad no solo es de género, sino también de clase. En este escenario, muchas mujeres deben enfrentar una doble vulnerabilidad: la de ser mujeres en un mercado laboral desigual y la de pertenecer a los sectores más pobres, con menores posibilidades de educación, movilidad social y empleo digno.
Además, el informe revela que el 62% de la población —es decir, más de 18 millones de personas— tiene ingresos que no superan los 700.000 pesos mensuales, cifra inferior al valor de la Canasta Básica Total, que se ubica por encima del millón de pesos. Este dato alerta sobre el deterioro del poder adquisitivo y la creciente dificultad para cubrir necesidades básicas en un contexto de alta inflación y ajuste económico.
Dependencia económica y distribución de ingresos
Otro aspecto destacado por el estudio es el grado de dependencia económica en los hogares. En promedio, existen 118 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas, y 61 personas sin ingresos por cada 100 que sí los tienen. En el año anterior, esas proporciones eran de 276 y 151 respectivamente, lo que sugiere una mejora, aunque aún insuficiente.
En el decil 10 —el de mayores ingresos— la relación es de 36 no ocupados cada 100 ocupados y de 19 no perceptores cada 100 perceptores, lo cual pone de manifiesto que la distribución del trabajo y los ingresos es mucho más equilibrada en los sectores más privilegiados.
Estas cifras muestran que el trabajo —y especialmente el trabajo registrado— sigue siendo el principal factor de inclusión social en Argentina. Sin embargo, cuando el acceso al empleo formal está mediado por condiciones de género y clase, se generan dinámicas de exclusión que perpetúan la pobreza y la desigualdad.
Si bien es alentador que la brecha de género haya disminuido levemente, los avances son insuficientes para revertir décadas de desigualdad. La equidad de género en el ámbito laboral no se resolverá únicamente con el paso del tiempo, sino que requiere de políticas públicas activas, como:
Promoción del empleo formal para mujeres.
Incentivos fiscales para empresas que promuevan la igualdad salarial.
Mayor acceso a la formación en áreas técnicas y tecnológicas.
Políticas de cuidado que redistribuyan las responsabilidades familiares.
Implementación efectiva de la Ley de Equidad Salarial.
Además, es necesario fomentar un cambio cultural profundo, que cuestione los estereotipos de género y reconozca el valor del trabajo doméstico y de cuidados, históricamente invisibilizado y no remunerado.
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La desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres sigue siendo una deuda pendiente en la agenda económica y social de Argentina. Aunque se registran mejoras en algunos indicadores, las mujeres siguen ganando menos, acceden a trabajos más precarios y enfrentan mayores obstáculos para su desarrollo profesional. La reducción de la brecha salarial no solo es un imperativo de justicia social, sino también una condición necesaria para el desarrollo sostenible del país.
Enfrentar esta problemática requiere más que estadísticas: demanda decisión política, compromiso empresarial y movilización ciudadana. Solo así será posible construir un mercado laboral más justo, inclusivo y equitativo para todos y todas.
