Por Rodrigo Garay, Country Manager de Gi Group Holding Chile
Los datos que emergen del estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la UDP son alarmantes, revelando que la mitad de los trabajadores informales en Chile son dependientes, es decir, tienen jefes que les exigen cumplir con horarios laborales y acatar indicaciones.
En el primer trimestre de este año, 1.2 millones de trabajadores informales mantienen dicho vínculo de subordinación, lo que representa el 45,3%. Esta situación vulnera los derechos de los trabajadores, ya que no pueden gozar de un contrato, acceso a seguridad social ni protección ante accidentes laborales o despidos injustificados. Además, tiende a frenar el desarrollo económico del país y genera una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con la ley.
Siguiendo esta línea, quienes en su mayoría no cumplen con las normas son las microempresas, alcanzando un 47%, mientras que las grandes empresas llegan a un 4,5%. Esto se explica, en gran medida, debido a las dificultades de estas pequeñas empresas para cumplir con los pagos que exige la legislación en el país.
Porque las consecuencias de la informalidad laboral no solo afectan a los trabajadores que la sufren directamente, sino que también impactan negativamente al país en su conjunto. La informalidad genera pérdida de recaudación fiscal, reduce la productividad y aumenta la desigualdad. Es por esto, que es necesario abordar la informalidad laboral desde una perspectiva integral que involucre a todos los actores sociales.
Considerando que los grandes empleadores de Chile son las pymes, ¿no será momento ya de revisar las leyes vigentes y explorar alternativas para modernizar la legislación contractual? Esta discusión debe ponerse sobre la mesa, sin miedo y con el afán de crecer todos juntos.
