El nuevo centro comercial: Entre la especulación inmobiliaria y el fraude de ley
En San Sebastián, la construcción de un nuevo centro comercial en la ladera de San Bartolomé ha generado un intenso debate y controversia. Esta área, anteriormente designada como zona verde en el Plan General Urbanístico de la ciudad, será transformada en un edificio de 45 metros y 10 plantas. La decisión ha sido criticada por violar el interés general y el respeto a los espacios verdes que deberían primar en la planificación urbana.
El interés económico sobre el medio ambiente
El Plan de Protección del Patrimonio Local y varias sentencias judiciales protegen la ladera de San Bartolomé debido a su valor histórico y ambiental. La normativa vigente prohíbe cualquier edificación que afecte la integración visual del conjunto formado por la fachada del convento y el muro de San Bartolomé. Sin embargo, el proyecto actual prevé la construcción de un centro comercial que implicará la degradación del área verde, un claro ejemplo de fraude de ley.
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La estructura propuesta incluye un entramado de tuberías de riego y mallas de sujeción para plantas que cubrirán las paredes casi verticales del edificio. Este diseño, según el alcalde Goia, pretende transformar la zona en un parque, aunque la realidad es que el entorno natural será sustituido por una estructura de hormigón disfrazada de verde. Este enfoque ha sido criticado por ambientalistas y urbanistas que argumentan que la medida prioriza los ingresos económicos sobre la preservación del medio ambiente.
Intereses políticos y económicos en juego
La sociedad mixta San Bartolomé Muinoa, formada por el Ayuntamiento y varias constructoras e inmobiliarias, gestionará la construcción del centro comercial. Esta operación, parte de la regeneración de Amara Viejo-Alto de Aldapeta, ha generado ingresos significativos, incluyendo 12 millones de euros adicionales por la venta del terreno para el centro comercial. Este proyecto incluye espacios para franquicias, restaurantes, un gimnasio, un gran supermercado y un parking en una Zona de Bajas Emisiones, lo que añade una contradicción más a la iniciativa.
La controversia no solo se centra en el impacto ambiental y visual, sino también en la falta de transparencia y acceso a la información pública. El alcalde Goia ha sido criticado por bloquear el acceso a documentos que detallan los resultados económicos de esta operación urbanística, una acción que contraviene la Ley de Transparencia, según el Ararteko. Este comportamiento sugiere una gestión orientada a favorecer intereses económicos específicos a expensas del bienestar comunitario y el respeto al entorno urbano.
La reforma del Plan General y sus consecuencias
La construcción del centro comercial fue facilitada por una reforma del Plan General Urbanístico promovida en 2014 por el exalcalde Juan Karlos Izagirre (Bildu). Este cambio introdujo modificaciones no contempladas en el plan inicial aprobado en 2011. La finalidad de estos cambios era garantizar mayores ingresos, una postura que ha sido continuada por el actual alcalde Goia (PNV) con la aprobación final del Plan Especial en enero de 2023. Este plan detalla el proyecto de urbanización de la ladera, ignorando las restricciones previamente establecidas para proteger el patrimonio y el entorno natural.
El proyecto también se justifica alegando que las constructoras deben ser compensadas por la reducción de beneficios derivada de la crisis inmobiliaria de 2009. Esta justificación ha sido rechazada por muchos, argumentando que el principio de riesgo y ventura empresarial debería aplicarse a las constructoras, especialmente en una ciudad con el suelo más caro de España. Se estima que el Ayuntamiento ha obtenido 40 millones de euros tras la actuación global en el barrio, una cifra que destaca la motivación económica detrás del proyecto.
Alternativas y resistencia ciudadana
En marzo de 2023, se solicitó al alcalde la recuperación de la ladera verde de San Bartolomé con un proyecto alternativo de jardinería y paisajismo. Esta propuesta buscaba transformar el área en un parque urbano de 3.800 m², con arbolado y una configuración armónica con el Ensanche Romántico de San Sebastián, ideado por el arquitecto Cortázar en el concurso de 1863. Sin embargo, esta solicitud no obtuvo respuesta, lo que refleja una falta de voluntad política para considerar alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
La construcción de este centro comercial es vista por muchos como un ejemplo de cómo la especulación y el fraude de ley pueden prevalecer sobre el interés general y la protección del medio ambiente. La ciudadanía donostiarra parece estar permitiendo este atropello, a pesar de los discursos políticos que insisten en la sostenibilidad y el respeto a los espacios verdes. Este caso subraya la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión urbanística para garantizar que las decisiones se tomen en beneficio de toda la comunidad y no solo de unos pocos intereses económicos.
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El proyecto del centro comercial en la ladera de San Bartolomé es un claro ejemplo de cómo la especulación y el fraude de ley pueden destruir áreas verdes protegidas en favor de intereses económicos. La falta de transparencia y el desprecio por las normativas ambientales reflejan una gestión urbanística que prioriza los beneficios a corto plazo sobre el bienestar a largo plazo de la comunidad y el medio ambiente. Es crucial que la ciudadanía y las autoridades trabajen juntos para garantizar que el desarrollo urbano se realice de manera sostenible y equitativa, respetando siempre el patrimonio natural y cultural de la ciudad.